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Senador Bianchi ingresó proyecto de Lay que pondrá fin a la «puerta giratoria»

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El senador Karim Bianchi, presidente de la comisión de Seguridad, ingresó un proyecto de ley para corregir las brechas normativas que actualmente permiten a autores de delitos de alta gravedad cumplir sus condenas en libertad.

La propuesta legal busca terminar definitivamente con la «puerta giratoria» mediante una reforma integral a la Ley N° 18.216, norma que fue diseñada originalmente para faltas menores e infractores primerizos, pero que en la práctica ha derivado en el otorgamiento sistemático de libertad vigilada a delincuentes peligrosos, introduciendo cinco cambios sustanciales destinados a cerrar los resquicios que hoy benefician a la criminalidad:

1.- En primer lugar, se establece la prohibición absoluta de penas sustitutivas para los delitos de homicidio, asegurando que quien intente matar a otra persona deba cumplir presidio efectivo en la cárcel, con total independencia de si la víctima logra sobrevivir gracias a la intervención médica u oportuna.

2.- Como segundo eje, la iniciativa sanciona con cárcel efectiva e inmediata el delito de extorsión y el denominado cobro de piso, impidiendo que quienes amedrenten o coaccionen a comerciantes y vecinos puedan acceder a beneficios de supervisión ambulatoria.

3.- En tercer lugar, el proyecto decreta un categórico no más beneficios para los reincidentes, clausurando el acceso a penas sustitutivas a quienes vuelvan a cometer crímenes o simples delitos contra las personas o la propiedad utilizando violencia o intimidación.

4.- Como cuarta modificación, el texto legal pone fin a los privilegios para los corruptos, suprimiendo la posibilidad de reclusión nocturna o domiciliaria para autoridades y funcionarios públicos que cometan malversación, fraude al fisco o cohecho por montos superiores a las 200 UTM ($14.344.200).

5.- Finalmente, el quinto pilar consagra el fin a la libertad vigilada para agresores intrafamiliares, subsanando una contradicción histórica en la legislación para evitar que los responsables de atentados contra la vida de sus familiares gocen de beneficios de libertad.

Con estas modificaciones, la iniciativa, que cuenta con el patrocinio del Ejecutivo, busca adecuar la legislación a la gravedad de los delitos actuales y devolver la confianza ciudadana en la administración de la justicia, garantizando que las sanciones penales se cumplan de manera efectiva tras las rejas.

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