Los montos cuestionados durante el período equivalen a 1,81 metas de Teletón, 4.606 viviendas sociales o más de 133 mil sueldos mínimos.
La cobertura de prensa también disminuyó: se registraron 155 publicaciones en 60 medios, un 68% menos que en el período anterior.
“La menor cantidad de casos es una señal positiva, pero no puede llevarnos a bajar la guardia en materia de denuncia y fiscalización”, señaló Claudia Miralles, gerenta de Imaginaccion Comunicación Estratégica.
El Tercer Observatorio de Prensa sobre Corrupción Municipal de Imaginaccion, correspondiente al período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026, identificó un monto total denunciado de $73.711.805.596, asociado a 47 causas judiciales.
El informe, que analiza las publicaciones de prensa relacionadas con delitos contra la probidad en los municipios, registra una disminución cercana al 50% respecto del período anterior, cuando los montos denunciados alcanzaron aproximadamente $144 mil millones.
Los recursos involucrados durante los 12 meses analizados equivalen a 1,81 metas de Teletón, 4.606 viviendas sociales o más de 133 mil sueldos mínimos.
“La corrupción sigue siendo un fenómeno transversal y de interés de los medios de comunicación. Que durante este período los montos recogidos y la cantidad de casos sean menores es una señal positiva, pero no puede llevarnos a bajar la guardia en materia de denuncia y fiscalización”, afirmó Claudia Miralles.
Menor cobertura y cambio en los temas abordados
La cobertura periodística también experimentó una contracción relevante. Durante el período se registraron 155 publicaciones en 60 medios de comunicación, lo que representa una disminución de casi 68% respecto de las 478 publicaciones contabilizadas en el ciclo anterior.
Junto con esta caída, el análisis identifica un cambio en los temas abordados por los medios: el 95% de las informaciones se concentró en investigaciones sobre casos recientes o de menor perfil público, mientras que causas emblemáticas que tuvieron alta exposición durante el período anterior, como los casos LED y Farmacias Populares, pasaron a un segundo plano.
Desde una perspectiva territorial, los hechos analizados abarcaron 35 comunas distribuidas en 15 de las 16 regiones del país, con Magallanes como única excepción.
Más de la mitad de las publicaciones se concentró en La Calera, Vitacura, Puerto Montt, La Serena y Maipú. En términos financieros, Maipú, Peñalolén y Coyhaique concentraron cerca del 75% de los recursos comprometidos.
Un fenómeno transversal
El análisis también da cuenta de un fenómeno político transversal: las investigaciones involucran a municipios encabezados por 11 partidos políticos, además de independientes.
“Los datos muestran que la corrupción no tiene color político. Estamos frente a un problema transversal que requiere instituciones de fiscalización fuertes, una prensa activa y una ciudadanía que pueda conocer oportunamente los resultados de las investigaciones”, afirmó Miralles.
Los delitos más reportados correspondieron a fraude al fisco, cohecho y lavado de activos.
Asimismo, se registró una notoria disminución de las publicaciones relacionadas con fraude en licencias médicas, con solo ocho casos frente a los 166 del período anterior. A ello se sumaron seis publicaciones asociadas a irregularidades en licencias de conducir.
Si bien alcaldes y exalcaldes lideraron la exposición individual —con figuras como Johnny Piraino, Raúl Torrealba y Gervoy Paredes entre los nombres más mencionados—, en 42 publicaciones los imputados correspondieron a funcionarios innominados vinculados a redes internas en direcciones municipales.
La mayoría de las causas aún no tiene resolución judicial
En materia procesal, el 60% de las publicaciones abordó causas formalizadas, pero que aún no contaban con una resolución judicial. Solo dos autoridades fueron condenadas durante el período analizado: el exalcalde Juan Ramón Godoy, en Rancagua, y el exadministrador municipal Jaime Bahamondes, en Tierra Amarilla.
Claudia Miralles valoró el papel de la prensa en la visibilización de estos hechos y llamó a mantener activa la fiscalización pública. “La tarea de la prensa ha sido clave para visibilizar y contribuir a minimizar los hechos de corrupción. La cobertura periodística y la denuncia pública parecieran estar generando un efecto de mayor cautela entre las autoridades y funcionarios, que saben que sus actuaciones están bajo escrutinio”, sostuvo.
Asimismo, Miralles enfatizó la necesidad de agilizar los procesos judiciales:
“En un país con marcadas necesidades sociales, urge acortar los tiempos de tramitación penal, ya que muchas veces transcurren años entre la ocurrencia del delito y las resoluciones condenatorias definitivas”.
