- El diputado Jaime Bassa solicitó al Ministerio de Justicia transparentar cuántas de las solicitudes corresponden a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y explicar qué estándares jurídicos y de derechos humanos aplicará el Gobierno antes de poner esos antecedentes a disposición del Presidente de la República.
Luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmara que su cartera mantiene más de 100 solicitudes de indulto particular bajo revisión, mayoritariamente vinculadas a hechos ocurridos a partir de 1973, el diputado Jaime Bassa despachó un oficio para conocer en detalle los criterios que utilizará el Ejecutivo para analizar esos expedientes y su compatibilidad con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.
“Son personas condenadas por los crímenes más graves que conoce nuestro ordenamiento jurídico. Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser evaluados como si fueran delitos comunes, ni pueden convertirse, por la vía de un indulto, en una nueva forma de impunidad. El Estado de Chile tiene una responsabilidad directa en garantizar justicia y debe hacer todo lo posible para evitar impunidad. La jurisprudencia internacional es clara en esta materia. El Gobierno tiene el deber de explicarle al país, con absoluta transparencia, qué criterios está utilizando, qué antecedentes está considerando y cómo garantizará que cualquier decisión respete las obligaciones internacionales del Estado de Chile y los derechos de las víctimas”, afirmó el diputado Jaime Bassa.
En el oficio, el parlamentario solicita al Ministerio de Justicia informar cuántas solicitudes corresponden a condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990, cuántas a delitos comunes y cuántas a causas vinculadas al estallido social de 2019. Además, pide conocer los parámetros jurídicos y administrativos utilizados en la revisión previa de los expedientes y los fundamentos mediante los cuales el Ejecutivo pretende compatibilizar una eventual concesión de estos beneficios con los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por Chile.
Bassa también requirió precisar si las solicitudes cuentan con informes técnicos y psicosociales de Gendarmería y si se han recabado antecedentes de organismos especializados en derechos humanos. Asimismo, solicitó informar cómo se evaluarán elementos como el arrepentimiento, la colaboración efectiva con el esclarecimiento de los hechos y el paradero de personas detenidas desaparecidas, así como la gravedad e irreversibilidad de las condiciones médicas eventualmente invocadas para solicitar el beneficio.
