Tras la respuesta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a un oficio parlamentario, quedó en evidencia que los robos pasaron de 4.265 casos en 2023 a más de 8.200 en 2025. Los legisladores Verdugo y Grohs pidieron reforzar las medidas de seguridad para frenar el mercado negro del cobre y el bronce.
Una profunda preocupación manifestaron los diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), Germán Verdugo y Erich Grohs, tras la respuesta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) a un requerimiento de fiscalización que ingresaron debido a la crisis por el robo de medidores de agua potable en el país. Los datos entregados por el organismo fiscalizador confirmaron una tendencia al alza alarmante: el delito casi se duplicó en solo dos años, registrando 4.265 casos en 2023, 5.826 en 2024 y escalando a 8.256 durante el año 2025, mientras que a julio de 2026 ya se contabilizan 1.946 sustracciones.
Anteriormente, los legisladores habían solicitado planes de contingencia a las empresas para evitar que las familias quedaran sin suministro por horas o días debido a las severas filtraciones que provocan estos robos, además de solicitar un catastro nacional para identificar las comunas más afectadas.
Al respecto, Verdugo señaló que “ya no estamos hablando de hechos aislados, sino de un fenómeno que está creciendo y que debemos enfrentar antes de que continúe extendiéndose. Detrás de cada robo hay una familia afectada, daños en la infraestructura sanitaria y una mayor sensación de inseguridad en nuestros barrios. Tenemos que actuar en distintos frentes. Es fundamental reforzar la prevención, fortalecer la fiscalización y perseguir a quienes compran y comercializan estos materiales, porque mientras exista un mercado para su venta, estos delitos seguirán teniendo un incentivo”.
Por su lado, Grohs fue enfático al decir que “no estamos hablando solo de un daño material, sino de delincuentes sin límites que le cortan un suministro básico a miles de familias chilenas. Por eso, hemos exigido un catastro nacional urgente al Ministerio de Seguridad y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Valoramos estos datos, porque se necesita georreferenciar este delito, identificar las comunas más afectadas y cortar de raíz la cadena de comercialización ilegal de cobre que financia estas mafias”.
El informe de la SISS destacó que recientemente se implementó la Resolución SISS N°2523/2025, la cual obliga a transitar hacia medidores digitales con sistemas de telelectura y fabricados con nuevos materiales no atractivos para el mercado delictual, una medida que los diputados valoraron pero que consideran de lenta implementación.
