Los diputados Jaime Araya, Raúl Leiva, Patricio Pinilla, Bernardo Salinas y la diputada Tatiana Urrutia solicitaron al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, retirar de Contraloría el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, corregir su eventual vicio de legalidad y reingresarlo a la brevedad.
El artículo 8 podría exceder las atribuciones del Ejecutivo al vincular el incumplimiento de determinados deberes municipales con la eventual cesación del alcalde. Las causales para remover a una autoridad elegida democráticamente deben ser establecidas por una ley orgánica constitucional y discutidas por el Congreso, no incorporadas mediante un reglamento.
El Gobierno retiró el texto que ya se encontraba en Contraloría y tardó seis meses en reingresarlo. Pese a esa demora, volvió a hacerlo mal. Desde la Comisión de Seguridad enviamos al menos tres oficios sin obtener respuesta. Además, hizo creer a los alcaldes que el retiro se debía a la falta de diálogo con ellos, pero finalmente elaboró el nuevo texto a sus espaldas.
Esto demuestra un profundo desprecio por el municipalismo. El Gobierno divide a los alcaldes según su sector político, permanece inactivo frente a las amenazas que enfrentan y ahora intenta imponer, sin transparencia ni participación, una norma que podría afectar la continuidad de autoridades elegidas por la ciudadanía.
Hemos solicitado al ministro que retire y corrija el reglamento antes de provocar nuevas demoras. Si no lo hace, corresponderá que la Contraloría revise su legalidad. El Gobierno debe entender que no puede saltarse al Congreso ni gobernar de espaldas a los municipios. Estaremos atentos y utilizaremos todas las herramientas institucionales necesarias para defender la legalidad, la autonomía municipal y el principio democrático.
