Los alcaldes de Independencia y San Bernardo pidieron acelerar la tramitación y emplazaron al Gobierno a incorporar recursos frescos para seguridad municipal en el Presupuesto 2027.
Los alcaldes Agustín Iglesias, de Independencia, y Christopher White, de San Bernardo, cuestionaron la demora en la tramitación de la denominada ley corta de Seguridad Municipal y advirtieron que siguen pendientes materias relevantes para implementar la nueva legislación.
“La llamaron ley corta, pero el Senado la está haciendo eterna, la lentitud es desesperante. Si todos decimos que la seguridad es una urgencia, esa urgencia también tiene que notarse cuando se legisla”, señalaron ambos alcaldes.
La iniciativa ingresó al Congreso el 4 de agosto y actualmente se encuentra en la Comisión de Gobierno del Senado, donde se abrió plazo para indicaciones.
Posteriormente deberá pasar por la Comisión de Seguridad Pública, luego por la Sala del Senado y luego volver a la Cámara de Diputadas y Diputados. Si persisten diferencias entre ambas cámaras, el proyecto podría terminar en Comisión Mixta.
“Todavía quedan varias estaciones antes de que esto sea ley. Si seguimos acumulando semanas, comisiones y trámites, lo único corto de esta ley va a terminar siendo el nombre, es muy decepcionante que los tiempos de los alcaldes y del Poder Legislativo sean tan distintos”, afirmó Iglesias.
El proyecto aborda materias necesarias para implementar la Ley de Seguridad Municipal, entre ellas la contratación de inspectores, los límites de gasto asociados a esas contrataciones y los mecanismos para acreditar su idoneidad física y psicológica.
White sostuvo que “mientras esta discusión avanza, nuestros vecinos no esperan. Todos los días nos piden más patrullajes, más inspectores y mayor presencia en las calles. No podemos tener a los municipios funcionando a una velocidad y al Estado legislando a otra”.
Recursos para implementar la ley
Ambos alcaldes advirtieron que acelerar la tramitación tampoco resuelve por sí solo el problema del financiamiento.
“Permitirnos contratar más inspectores y gastar más de nuestros propios recursos no significa entregarnos recursos nuevos. No pueden darnos más responsabilidades y después dejar que cada municipio vea cómo las financia”, señaló Iglesias.
Los alcaldes plantearon que la discusión del Presupuesto 2027 es la oportunidad para aumentar los recursos destinados al equipamiento de seguridad municipal o crear un mecanismo especial de apoyo para las comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal.
“No estamos pidiendo un cheque en blanco: estamos pidiendo recursos para cumplir responsabilidades que el propio Estado nos está entregando. El Presupuesto 2027 es la oportunidad para hacerse cargo de eso”, agregó Iglesias.
White afirmó que “si las responsabilidades son las mismas, pero cada comuna tiene que financiarlas según su propio bolsillo, vamos a terminar teniendo seguridad municipal de primera y segunda categoría. La seguridad de una familia no puede depender de la capacidad financiera de su municipalidad”.
Ambos alcaldes emplazaron al Senado a acelerar la tramitación y al Gobierno a incorporar nuevos recursos en el próximo presupuesto.
“Necesitamos que la ley salga rápido y que el Presupuesto 2027 ponga los recursos para implementarla. Las facultades sin financiamiento corren el riesgo de quedarse en el papel”, concluyeron.
