La iniciativa aprobada en la Sala de la Cámara continuará se segundo tramite constitucional en el Senado.
La iniciativa impulsada por sectores de derecha busca modificar la actual Ley Antibarricadas que ya sanciona a quienes interrumpan completamente la libre circulación en la vía pública mediante violencia, intimidación u obstáculos, agregando que sea delito no solo interrumpir, sino también obstaculizar total o parcialmente la circulación de personas y vehículos, además de afectar el funcionamiento regular de servicios de transporte público o privado.
Al respecto, la diputada por el distrito 6 de la región de Valparaíso, Sofía González señaló que “nadie puede defender que se impida el paso de una ambulancia o que se ponga en riesgo a quienes utilizan el transporte público. Esos hechos deben tener consecuencias. Pero este proyecto tiene otro objetivo, un objetivo oscuro y autoritario. Lo que pretende es permitir que una persona pueda ser castigada por obstaculizar parcialmente la circulación, incluso sin ejercer violencia, si no acata un requerimiento de la autoridad. Además, hace que la falta de autorización pueda terminar llevando una protesta al terreno penal. Pensemos en algo muy concreto. Trabajadores que se manifiestan frente a su lugar de trabajo. Vecinos que cortan una calle porque llevan semanas sin agua o sin luz, familias que protestan por vivienda o por atención de salud que no llegan. ¿Esas personas merecen ser criminalizadas? Yo creo que no”.
Para la legisladora “una manifestación puede alterar por un momento el tránsito, puede generar incomodidad, incluso molestias, pero eso no la transforma automáticamente en un acto violento ni convierte a quienes participan en delincuentes. Me preocupa, pero no me sorprende la señal política del gobierno de Kast, que insiste convenientemente en confundir orden público con seguridad pública. Mientras la ciudadanía espera respuesta frente al crimen organizado, al narcotráfico y a los barrios tomados por la delincuencia, el gobierno de Kast propone limitar su libertad, limitar su legítimo derecho a expresar descontento. Qué ironía, el gobierno de la libertad”, aseguró González.
Por último, la diputada Sofía González advirtió que “la democracia se debilita cuando quienes gobiernan miran la protesta social como una amenaza que hay que castigar y utilizar nuestra institucionalidad para callar a quienes piensan distinto. Ya conocemos esa historia. Algo como eso jamás, nunca tendrá mi respaldo. Si se quiere avanzar en esta discusión, debe quedar expresamente protegido el ejercicio pacífico de los derechos de reunión, expresión y una real libertad, siempre que no exista violencia ni un peligro grave para otras personas”.
