La iniciativa busca eliminar los obstáculos urbanísticos actuales, permitiendo que miles de familias accedan al proceso de regularización de sus terrenos
El diputado Francisco Crisóstomo (PS), junto a los parlamentarios Emilia Nuyado (PS), Carolina Cucumides (PS), Javier Muñoz (DC), Juan Beltrán (RN) y Cristián Menchaca (IND-REP), ingresó un proyecto de ley destinado a dar una solución concreta a miles de familias que habitan en asentamientos o loteos irregulares sin contar con la propiedad legal de sus sitios.
La problemática: Incerteza jurídica y trabas administrativas
Actualmente, numerosas familias han vivido por años de forma honesta, pacífica y continua en sus terrenos. Sin embargo, al tramitar la regularización ante el Ministerio de Bienes Nacionales (mediante el Decreto Ley N° 2.695), sus solicitudes son rechazadas por exigencias de urbanización —como las dimensiones del terreno, la falta de pavimentación, alcantarillado o recepción municipal— que dependían del loteador original o del municipio. Esta situación perpetúa la incerteza jurídica y expone a las comunidades a precarias condiciones de vida y a una nula infraestructura sanitaria.
Respaldos parlamentarios
Para la diputada Emilia Nuyado, «el proyecto permite que las familias puedan ser dueñas de sus terrenos», mientras que el diputado Juan Beltrán, presidente de la Comisión de Vivienda, destacó que la iniciativa «mejorará la calidad de vida de las familias». En esa línea, los parlamentarios patrocinantes coincidieron en el avance significativo y la tranquilidad que significará la aprobación de este texto para miles de hogares. Por su parte el diputado Javier Muñoz sostuvo que el proyecto “dará dignidad a las familias y les permitirá generar condiciones sociales adecuadas”, mientras que el diputado por El Maule, Cristian Menchaca expresó que “esta iniciativa viene a solucionar una realidad en materia de regularización de terrenos”.
Para el diputado Francisco Crisóstomo, autor del proyecto, esta iniciativa se hace cargo de una realidad que afecta a miles de familias a lo largo de país y que llevan años esperando una solución real.
“Espero que este proyecto pueda avanzar en su tramitación legislativa, pues lo que busca es eliminar trabas y otorgar certeza jurídica a miles de familias trabajadoras que hasta ahora quedan marginadas de las alternativas que tiene el Estado en materia de vivienda, urbanización e infraestructura pública”.
Ejes clave de la iniciativa
Separación entre propiedad y urbanización: Reconoce el título de dominio legal para las familias sin que ello implique condonar loteos ilegales ni eximir de responsabilidad a los vendedores irresponsables.
Límite temporal (10 de agosto de 2022): Aplica exclusivamente a ocupaciones y terrenos existentes de manera previa a esta fecha, evitando el fomento de nuevos loteos irregulares.
Resguardo de zonas de riesgo: Excluye expresamente de regularización las áreas expuestas a desastres naturales (como quebradas o zonas inundables), áreas verdes y espacios de uso público.
Obligatoriedad para Conservadores de Bienes Raíces: Elimina el obstáculo que permitía a los Conservadores de Bienes Raíces negarse a inscribir estos títulos de propiedad, garantizando que el trámite llegue a su término.
Regularizar la propiedad de un terreno es clave para dar tranquilidad a miles de familias que han vivido allí de manera pacífica y continua por años, pero que no son dueñas legales del lugar donde habitan. No contar con un título de propiedad no solo genera temor e inseguridad sobre el patrimonio familiar, sino que también les impide postular a subsidios de vivienda, arreglos para el hogar, créditos y mejoras básicas de infraestructura, al no poder demostrar formalmente que son los verdaderos propietarios.
