El desempleo llegó a 9,6%, los ocupados disminuyeron 0,9% y los asalariados formales cayeron 2,9% en doce meses. La informalidad alcanzó 26,3%. Estas cifras muestran una economía que pierde capacidad para generar trabajo protegido. En este escenario comienza a regir el Subsidio Unificado de Empleo, cuyo diseño resulta insuficiente para la urgencia actual.
Unificar beneficios y apoyar a grupos con mayores barreras es positivo. Pero un instrumento focalizado de inserción laboral no alcanza para enfrentar una crisis general de contratación. Los hombres entre 25 y 54 años sin discapacidad quedan fuera, pese a que la caída de la ocupación estuvo incidida exclusivamente por los hombres.
Además, exigir seis meses continuos u ocho discontinuos de desempleo puede excluir a quienes recién perdieron su trabajo. Cuando se destruyen puestos, esperar a que la cesantía se prolongue debilita la respuesta. La ley permite reducir temporalmente esta exigencia: las cifras actuales justifican evaluar esa facultad.
A ello se suma el máximo de 200 trabajadores por los cuales cada empresa puede recibir el aporte. Aunque el límite no impide el beneficio individual del trabajador, restringe el incentivo en empleadores con grandes dotaciones. Si se busca recuperar empleo formal, corresponde vincular el apoyo a la creación efectiva de puestos y evitar sustituciones, sin descansar únicamente en un techo fijo.
El problema es la oportunidad y el alcance. Un subsidio temporal, sujeto a filtros de acceso, ofrece una respuesta acotada frente a un deterioro extendido. Su éxito debe medirse por empleos adicionales que sobrevivan al aporte fiscal.
Con los números de hoy, se necesita una política de recuperación del empleo que incluya inversión, productividad y reglas claras. Si el Estado reconoce que abaratar la contratación ayuda, debe revisar también los costos permanentes y la incertidumbre que dificultan contratar. La crisis exige más que reorganizar subsidios.
