La discusión sobre el Presupuesto 2027 ofrece una valiosa oportunidad para evaluar la efectividad del gasto público. En el ámbito de la justicia, el constante aumento en el volumen de tramitaciones confirma la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica del Estado.
El debate presupuestario suele focalizarse en aumentar la dotación de personal. Sin embargo, los indicadores de gestión muestran que los mayores cuellos de botella se originan en flujos manuales y procesos fragmentados. La falta de interoperabilidad entre las plataformas del Poder Judicial y los usuarios del sistema genera dilaciones que afectan directamente los tiempos de respuesta a la ciudadanía.
Avanzar hacia la justicia abierta exige definir criterios claros de trazabilidad y ciberseguridad. La automatización de tareas rutinarias optimiza el uso de los fondos fiscales, acelerando la tramitación sin comprometer las garantías del debido proceso. Modernizar la infraestructura digital judicial constituye una inversión estratégica para elevar la productividad del Estado y consolidar la certeza jurídica.
