La iniciativa faculta el uso gradual de la fuerza en el mar, desde la interceptación e inspección de buques hasta disparos de inutilización e incluso el hundimiento por decisión presidencial
El senador Karim Bianchi ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para requerir un informe técnico-jurídico urgente y exhaustivo sobre el proyecto de ley titulado «Ley de Defensa de la Soberanía Nacional» (Mensaje N° 275/2026), presentado recientemente por el gobierno argentino ante su Congreso Nacional.
La solicitud busca analizar detalladamente el impacto de esta iniciativa sobre la soberanía chilena, el régimen de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la seguridad de la navegación civil y las operaciones comerciales en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
El contexto de esta presentación radica en la tramitación en el país trasandino de una propuesta legislativa que busca establecer un nuevo marco normativo con un fuerte alcance extraterritorial. El texto faculta al Comando Conjunto Marítimo y a la Prefectura Naval Argentina para aplicar sanciones penales de hasta 20 años de cárcel, severas inhabilitaciones comerciales y procedimientos de interdicción marítima. Estos mecanismos incluyen el uso de fuerza armada en el mar, contemplando expresamente «disparos de inutilización» a embarcaciones calificadas como infractoras o de interés, lo que genera una profunda preocupación respecto de los acuerdos bilaterales de libre tránsito y abre interrogantes sobre proporcionalidad, jurisdicción y aplicación del derecho internacional.
A través del requerimiento, el parlamentario insta a la Cancillería a pronunciarse sobre la compatibilidad de estas medidas de coerción armada con los tratados internacionales vigentes y pide precisar los resguardos y herramientas de protección diplomática que el Estado chileno otorgaría a las tripulaciones y empresas de otros servicios portuarios de Punta Arenas que pudieran verse expuestos, reafirmando el compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la certeza jurídica para la región.
