La publicación de Education at a Glance 2026, difundida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el pasado 29 de septiembre, vuelve a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos del sistema educativo chileno: contar con docentes suficientemente cualificados y generar condiciones que permitan su permanencia en las aulas.
El informe, que compara los sistemas educativos de distintos países en materias como cobertura, financiamiento, formación y condiciones laborales, muestra una realidad de avances y brechas. Chile ha mejorado sus indicadores de escolaridad, ha incrementado el gasto público en educación y ha ampliado el acceso a distintos niveles formativos. Sin embargo, estos progresos todavía conviven con desigualdades en el acceso, recursos insuficientes por estudiante y dificultades para fortalecer la profesión docente.
Uno de los datos más relevantes es que, en 2024, el 23,4% de los docentes de educación básica y media de establecimientos públicos en Chile no cumplía todos los requisitos para ser considerado plenamente cualificado, frente al 9,1% registrado como promedio de la OCDE. Esta categoría no significa necesariamente que los profesores carezcan de formación pedagógica, sino que aún no reúnen todos los requisitos académicos, formativos o de certificación exigidos por la normativa nacional. Aun así, la diferencia evidencia la presión que enfrenta el sistema para disponer de profesionales que cumplan plenamente con esos estándares.
El desafío no se limita a la formación inicial. También es necesario generar condiciones para atraer nuevos docentes y evitar que quienes ya están en las aulas abandonen la profesión. Según el informe, el 8,4% de los docentes plenamente cualificados de educación básica y media en Chile dejó el sistema durante 2025 por renuncia o jubilación, frente al 6,4% promedio de la OCDE. Además, el 3,6% de los puestos docentes de educación media pública permanecía sin cubrir al inicio del año escolar 2024. Ambos indicadores reflejan que la disponibilidad y permanencia de profesores constituye un problema que requiere atención.
Las condiciones laborales son parte central de esta discusión. Aunque el 45,7% de los docentes chilenos de educación media declara estar satisfecho con su salario, por encima del 38,7% promedio de la OCDE, la satisfacción con las demás condiciones de empleo alcanza el 65,3%, por debajo del 68,4% registrado en los países de la organización. A ello se suma una carga de enseñanza elevada: Chile registra 1.003 horas anuales de docencia en educación básica y secundaria baja, frente a 770 y 710 horas, respectivamente, en promedio en la OCDE.
Estas cifras invitan a mirar más allá de las remuneraciones. El tiempo no lectivo, las oportunidades de desarrollo profesional, el acompañamiento pedagógico, el liderazgo de los equipos directivos y el reconocimiento social también influyen en la posibilidad de construir trayectorias laborales sostenibles. Fortalecer la profesión docente exige abordar estos factores de manera articulada y reconocer que las condiciones en que se enseña inciden en las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.
La formación y cualificación profesional también representan una oportunidad para las universidades. Las carreras de prosecución de estudios y otras alternativas de formación continua pueden contribuir a que quienes ejercen la docencia completen su preparación y respondan a los estándares requeridos, siempre que cuenten con calidad académica, acompañamiento y una vinculación efectiva con las necesidades de los establecimientos escolares. No se trata solo de aumentar las credenciales, sino de fortalecer las herramientas pedagógicas y disciplinares que los profesores necesitan para responder a contextos educativos diversos.
Las brechas aparecen desde los primeros años de formación. En Chile, el 79% de los niños y niñas desde los tres años hasta la edad de ingreso a la educación básica participa en educación parvularia, frente al 90% promedio de la OCDE. Entre los niños de dos años, la participación en programas de educación y cuidado alcanza el 43%. Estas diferencias recuerdan que la equidad educativa no comienza en la enseñanza básica ni se resuelve exclusivamente dentro de las salas de clases: también depende de las oportunidades de acceso y desarrollo durante la primera infancia.
En materia de financiamiento, el informe muestra un avance significativo. Entre 2015 y 2023, el gasto público chileno en educación, desde el nivel primario hasta el terciario, aumentó del 4,0% al 4,4% del producto interno bruto (PIB). En el mismo período, el promedio de la OCDE descendió del 4,4% al 4,2%. Sin embargo, el esfuerzo como proporción de la economía no se traduce automáticamente en recursos equivalentes por estudiante. Chile continúa destinando menos recursos por alumno que el promedio de los países de la organización y presenta una participación del gasto privado comparativamente elevada, lo que refuerza la importancia de examinar cómo se distribuye y financia la educación.
En definitiva, Education at a Glance 2026 muestra que Chile ha avanzado, pero todavía enfrenta dificultades para transformar ese esfuerzo en oportunidades más equitativas y en condiciones profesionales capaces de atraer, cualificar y retener docentes. La discusión no puede centrarse únicamente en cuántos recursos se destinan a educación o cuántos estudiantes acceden al sistema. También debe considerar quiénes enseñan, con qué preparación, en qué condiciones y con qué apoyos cuentan para desarrollar su trabajo.
El desafío es convertir los avances en políticas sostenidas que fortalezcan la formación inicial y continua, mejoren las condiciones laborales y amplíen las oportunidades educativas desde la primera infancia. Porque la calidad de un sistema educativo no depende solo de sus resultados o de su inversión, sino también de su capacidad para reconocer, preparar y acompañar a quienes hacen posible el aprendizaje.
