La parlamentaria presentó junto a otros legisladores un proyecto que busca fortalecer las órdenes judiciales de protección para mujeres y víctimas de violencia intrafamiliar. La iniciativa aumenta la sanción penal para quienes incumplan estas medidas, además de multas de hasta 30 UTM.
La diputada Francesca Muñoz (PCCh), integrante de la Comisión de Familia, presentó un proyecto destinado a endurecer las sanciones contra quienes quebranten resoluciones judiciales dictadas para proteger a mujeres y víctimas de violencia intrafamiliar. La iniciativa, correspondiente al boletín 18.682-34, se encuentra en primer trámite constitucional.
La propuesta apunta al incumplimiento de medidas como la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o espacios que frecuente habitualmente. Actualmente estos casos se someten a la sanción general del artículo 240 del Código de Procedimiento Civil; la moción plantea que, tratándose de resoluciones vinculadas a violencia intrafamiliar o violencia contra las mujeres, el quebrantamiento sea castigado con reclusión menor en su grado máximo y una multa de entre 5 y 30 UTM.
Muñoz sostuvo que “una medida de protección no puede transformarse en un simple papel que un agresor pueda ignorar sin enfrentar consecuencias. Cuando un tribunal prohíbe acercarse a una víctima de violencia intrafamiliar es porque existe un riesgo que debemos tomar en serio. Queremos que quien incumpla esa orden sepa que habrá una sanción mucho más dura, porque la prioridad tiene que ser proteger a la víctima antes de que tengamos que lamentar una nueva agresión o un femicidio”.
El proyecto recoge como antecedentes que durante 2025 se registraron 44 femicidios consumados y 330 frustrados, además de cifras de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, según la cual el 33,4% de las consultadas declaró haber sufrido durante su vida algún tipo de violencia física, psicológica o sexual. La moción sostiene que desacatar una resolución destinada precisamente a evitar nuevas agresiones reviste una especial gravedad y busca reforzar la eficacia de las medidas decretadas por los tribunales.
