La bancada ofició a la Superintendencia de Pensiones para aclarar los riesgos asumidos por las administradoras, la fiscalización de estas operaciones y si se actuó a tiempo.
La bancada PDG ofició a la Superintendencia de Pensiones para solicitar antecedentes sobre las pérdidas por 7.700 millones de dólares reportadas por Bloomberg, vinculadas a operaciones de las AFP con instrumentos financieros derivados asociados a las tasas de interés de Estados Unidos. El requerimiento busca esclarecer qué administradoras están involucradas, qué decisiones originaron esta situación y qué controles se aplicaron, además de precisar si las pérdidas se han materializado o corresponden a una disminución del valor de los contratos.
El diputado Patricio Briones exigió conocer cuándo el organismo fiscalizador tomó conocimiento de los riesgos y qué acciones adoptó frente a ellos. “¿Cuándo se advirtieron los riesgos de estas operaciones? ¿Qué se le exigió a las AFP? ¿Qué medidas se están tomando para evitar nuevas pérdidas? Necesitamos urgentes respuestas respaldadas con antecedentes y una fiscalización que se anticipe a todos estos problemas”, reclamó.
Respecto de la actuación de las administradoras, la diputada Tamara Ramírez pidió transparentar los antecedentes que permitan evaluar su gestión. “Hemos oficiado a la Superintendencia de Pensiones para que transparente de inmediato el alcance de estas inversiones y determine si existió negligencia inexcusable por parte de las administradoras; la plata es de los trabajadores y la vamos a defender”, manifestó.
El oficio solicita precisar el impacto en las cuentas de los afiliados y explicar el efecto de los nuevos límites regulatorios que, según la publicación, obligarían a las AFP a reducir estas posiciones desde noviembre. Sobre la obligación de entregar información, el diputado Juan Marcelo Valenzuela afirmó que “la gente de a pie tiene derecho a saber quién cuida su plata y qué medidas se están tomando para protegerla. Si hubo fallas en la administración o en la fiscalización, tienen que esclarecerse y determinarse las responsabilidades del caso”.
Desde la bancada exigieron respuestas que permitan evaluar tanto las decisiones de inversión como la supervisión ejercida sobre ellas. Briones recalcó que “los trabajadores cumplen todos los meses con su cotización y tienen derecho a exigir el mismo rigor a quienes administran y fiscalizan sus dineros”.
