Un 46% de las personas considera que las autoridades locales, como alcaldes y concejales, priorizan intereses personales por sobre los de la comunidad en sus decisiones.
Ipsos presentó su informe “Claves Ipsos” N°55, desarrollado junto a Chile Transparente, que encuesta cada mes a 1.000 personas sobre sus opiniones y comportamientos en torno a temas de interés para el país. En esta edición se indagó sobre la probidad y corrupción en el país, en municipios y sobre la nueva Ley de Protección de Datos Personales.
Percepción de Corrupción en Chile y probidad en las instituciones
La percepción general de la ciudadanía es de un alto nivel de corrupción, donde un 71% de las personas encuestadas percibe un alto nivel de corrupción en el país y el Estado. Sin embargo, esta percepción se atenúa a medida que el contexto es más cercano a la experiencia personal, descendiendo al 54% en la región de residencia, al 40% en la comuna y al 35% en las relaciones entre personas. Adicionalmente, un 41% considera que el nivel de corrupción en la empresa privada es alto.
Al ser evaluadas 15 instituciones del país, 12 resultan vinculadas en mayor medida con la corrupción que con la probidad. Las únicas entidades con un balance favorable en probidad son la Policía de Investigaciones con un 37%, Carabineros con un 36% y las Fuerzas Armadas con un 35%. En el ámbito de la sociedad civil, los emprendedores y dueños de pequeños negocios lideran holgadamente la percepción de conducta honrada con un 69%.
En la otra vereda, las instituciones que encabezan la percepción de corrupción son los partidos políticos con un 74%, el Congreso Nacional con un 70%, los Tribunales de Justicia con un 59%, las Municipalidades con un 55% y el Estado con un 54%.
En la serie histórica de tres años de medición, la asociación de las instituciones públicas y privadas tiende a disminuir, excepto en dos: los tribunales de justicia y medios de comunicación.
“En un contexto de crisis de confianza persistente, resulta especialmente preocupante el alto desprestigio de las instituciones asociadas a los tres poderes del Estado que se ha instalado en la ciudadanía. La fuerte asociación a corrupción de estas instituciones nos habla de una importante erosión de la confianza en el correcto funcionamiento de la democracia”, comenta la directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, Alejandra Ojeda Mayorga.
También, un 44% manifiesta no confiar en la labor de las instituciones chilenas encargadas de combatir la corrupción, frente a sólo un 22% que expresa confianza en ellas.
En el caso de las municipalidades, sólo 29% cree que las municipalidades cuentan con las herramientas necesarias para prevenir la corrupción, y apenas un 19% las considera transparentes en la rendición de fondos públicos. Además, un 46% de las personas considera que las autoridades locales, como alcaldes y concejales, priorizan sus intereses personales por sobre los de la comunidad.
Para revertir este panorama y fortalecer la probidad local, las prioridades señaladas por la ciudadanía son aumentar el control de los recursos públicos (56%), investigar y sancionar faltas de probidad (51%) y transparentar criterios de entrega ayudas (50%).
De cara a una posible Reforma al Empleo Público, la transparencia en los criterios de selección de funcionarios destaca como el requerimiento principal que realiza la ciudadanía, mencionada por seis de cada 10 encuestados (61%).
“El deterioro institucional que estamos viviendo nos pone la urgencia de tomar medidas decisivas para enfrentar y frenar los casos de corrupción, recuperar la confianza y por sobre todo dotar a las instituciones de las herramientas efectivas para recomponer su credibilidad. No hay que perder de vista que la urgencia está en donde están los problemas de las personas, en los municipios”, indica el director ejecutivo de Chile Transparente, Michel Figueroa.
Respecto a la nueva Ley de Protección de Datos Personales, si bien la mitad de la población afirma haber oído hablar de ella, solo uno de cada tres (33%) de ese segmento comprende realmente su alcance.
Pese al desconocimiento normativo, un 80% manifiesta una alta preocupación por el tratamiento de su información personal. El Registro Civil, con un 58%, y el Registro Social de Hogares, con un 50%, destacan como las entidades que transmiten mayor seguridad en el manejo de datos; mientras que las redes sociales, con un 72%, y las empresas de delivery, con un 59%, son identificadas como las más inseguras.
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