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Senador Juan Luis Castro alerta por recorte de $28 mil millones a la Ley Ricarte Soto: “Esto es un impacto directo a pacientes”

El programa de reciclaje orgánico desarrollado en Concón, con financiamiento de Enap y la participación de establecimientos gastronómicos y hoteleros…

Los equipos intervinieron el sector adyacente a la planta y al emisario, sumándose a una jornada territorial que permitió retirar más de una tonelada de residuos en la bahía de Quintero y Puchuncaví.

El parlamentario advirtió que la reducción presupuestaria amenaza la continuidad de tratamientos de alto costo. COLMED y organizaciones de pacientes pidieron asegurar los recursos para responder a las necesidades de quienes dependen de esta ley.

El senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud e integrante la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, expresó su preocupación por el recorte proyectado para la Ley Ricarte Soto en el Presupuesto 2027, durante una sesión en la que representantes de organizaciones de pacientes y del Colegio Médico expusieron sus inquietudes ante el impacto que podría tener esta medida.

“Esto no es un ajuste administrativo o de una planilla extra, esto es un impacto directo a pacientes”, advirtió el parlamentario, quien sostuvo que la reducción de $28 mil millones, equivalente al 14,45% del presupuesto, podría afectar la continuidad de tratamientos para personas con enfermedades graves.

Castro enfatizó que no basta con asegurar que los medicamentos estarán disponibles si existen retrasos en su entrega. “La discontinuidad para un cáncer, la discontinuidad para una enfermedad grave significa estar más cerca de esta complicación de la muerte y más cerca de la mejoría”, afirmó.

Por su parte, la presidenta nacional de COLMED, Anamaría Arriagada, advirtió que “hoy vemos que lo financiero está amenazado, no entran nuevas enfermedades, no entran nuevos tratamientos”, y llamó a fortalecer el fondo para responder a las necesidades de los pacientes.

En tanto, Alejandro Andrade, presidente de FECHER, alertó sobre el impacto económico que estas medidas pueden tener en las familias: “Cuando el Estado deja de financiar algo, quien tiene que financiar esto son las familias. Y es imposible que ese peso siga cayendo encima de estas familias”.

Las organizaciones solicitaron garantizar los recursos de la Ley Ricarte Soto, avanzar en la incorporación de nuevas patologías y tratamientos y entregar una respuesta a los pacientes que llevan años esperando acceder a terapias de alto costo.

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