A más de dos meses de la publicación de la Ley Escuelas Protegidas, la pregunta sigue abierta: ¿qué necesitamos para que una comunidad educativa se sienta segura? La revisión de mochilas ofrece una respuesta visible y fácil de comunicar. Construir confianza exige un trabajo menos espectacular, pero decisivo para la convivencia escolar.
La Ley N.º 21.827 permite a los establecimientos incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias, bajo condiciones y resguardos de derechos. Sin embargo, discutir sus procedimientos no agota el problema. También debemos preguntarnos desde qué diagnósticos, imágenes y relatos construimos nuestras respuestas frente a la violencia.
Junto con el equipo del proyecto “Construcción Mediática de la Violencia Escolar” —Fondo del Pluralismo 250004, ANID— revisamos más de 40 publicaciones de tres medios digitales de alcance nacional, difundidas entre marzo y junio de 2026. Buscamos observar cómo se narró la violencia escolar durante la tramitación del proyecto.
En el material analizado encontramos una secuencia reconocible: hechos de extrema gravedad, pero de distinta naturaleza, aparecían articulados en un relato de crisis permanente y extendida al conjunto del sistema educativo. Muertes, enfrentamientos entre estudiantes y episodios de violencia en liceos emblemáticos de la Región Metropolitana terminaban formando parte de una misma explicación.
Reconocer ese mecanismo no disminuye la gravedad de los hechos. Permite preguntar si estamos comprendiendo sus diferencias o si las estamos borrando al reunirlos bajo una única categoría.
En esa cobertura reaparece la figura de los overoles blancos, vinculada a episodios de violencia en el contexto de movilizaciones estudiantiles. Su presencia puede funcionar como un atajo narrativo: una imagen particular pasa a representar el peligro de todo un sistema. El riesgo es que la fuerza del símbolo termine reemplazando la explicación de lo que ocurre en cada comunidad.
Las voces académicas, docentes y psicosociales recogidas en las publicaciones analizadas advertían sobre causas estructurales y la necesidad de diagnósticos situados. Sin embargo, observamos una tensión entre esas explicaciones y una cobertura orientada a identificar responsables y exigir respuestas inmediatas.
La urgencia es comprensible. Una comunidad que ha sufrido una agresión necesita protección y respuestas concretas. Pero esa urgencia también exige precisión: las denuncias por maltrato, los delitos asociados a armas, los conflictos entre estudiantes y las dificultades cotidianas de convivencia no describen exactamente el mismo fenómeno ni requieren idénticas intervenciones.
Los antecedentes utilizados por el Ejecutivo para fundamentar la ley son relevantes, pero no sustituyen un diagnóstico integral. Necesitamos relacionarlos con otros indicadores de convivencia, conocer las experiencias de los equipos educativos y escuchar a estudiantes y familias. Saber cuántos hechos se denuncian es indispensable; comprender cómo se producen y qué permite prevenirlos también lo es.
La propia legislación contempla resguardos de derechos, gestión colaborativa de conflictos y mecanismos para evaluar la efectividad de las revisiones. El desafío será que esos componentes tengan un lugar real en su aplicación y en la discusión pública. ¿Evaluaremos únicamente los objetos encontrados o también lo que ocurre con la confianza, el sentido de pertenencia y la disposición de los estudiantes a pedir ayuda?
Porque una comunidad puede aumentar sus controles y, al mismo tiempo, sentirse cada vez más insegura. Si cada relación se organiza desde la sospecha, la escuela corre el riesgo de desplazar su tarea formativa hacia una vigilancia permanente.
La seguridad requiere prevenir agresiones y actuar frente a amenazas concretas. También necesita vínculos que permitan reconocer un problema antes de que escale, comunicar una preocupación y confiar en que habrá adultos disponibles para escuchar.
Una experiencia del equipo ayuda a pensar esa dimensión. Uno de sus integrantes participa como voluntario en un comedor solidario para personas en situación de calle. Allí, en un contexto atravesado por la exclusión y por situaciones de riesgo, ha observado cómo los propios usuarios contribuyen a cuidar el espacio, acompañar a quienes llegan alterados y transmitir reglas de convivencia.
La experiencia no elimina los riesgos ni reemplaza la necesidad de protocolos. Tampoco es equivalente a la realidad escolar. Recuerda, sin embargo, que las personas pueden construir cuidado mutuo incluso en condiciones difíciles. La confianza es una práctica que se sostiene con límites, presencia y reconocimiento.
En las escuelas, esa tarea requiere tiempo, equipos y condiciones para ejercerla. No basta con pedir a los docentes que detecten riesgos si no cuentan con espacios para conocer a sus estudiantes, coordinar apoyos y trabajar con las familias.
Interpretar la violencia sin su contexto tiene otro costo: empobrece la discusión. Nos empuja a elegir entre apoyar o rechazar una revisión, una sanción o una expulsión, dejando poco espacio para preguntar qué ocurrió, qué respuesta es proporcional y cómo evitar que vuelva a suceder.
Es posible exigir protección y, al mismo tiempo, discutir los efectos de las medidas adoptadas. También es posible reconocer la necesidad de límites sin convertir la sospecha en el principio que organiza todas las relaciones escolares.
Por eso, el desafío actual de Escuelas Protegidas excede la revisión de pertenencias. Debemos observar cómo sus herramientas se integran al trabajo educativo, qué resultados producen y qué aprenden las comunidades sobre su manera de convivir.
La violencia escolar es real y el dolor de quienes la sufren exige respuestas. Precisamente por eso necesitamos políticas capaces de proteger y de educar. Los docentes necesitan respaldo para enseñar; los equipos directivos, condiciones para conducir sus comunidades; y los estudiantes, oportunidades para aprender a resolver conflictos y hacerse responsables de sus actos.
Mirar dentro de una mochila puede formar parte de un procedimiento de seguridad. Mirar lo que ocurre en las relaciones de una escuela sigue siendo una responsabilidad que ningún control puede reemplazar.
