Organizaciones empresariales llaman al Senado a revisar la iniciativa, advirtiendo que las nuevas exigencias podrían generar congestión, mayores costos de transporte y pérdida de competitividad, sin asegurar una prevención efectiva del daño a la infraestructura vial.
Los principales gremios productivos y organizaciones empresariales de la Región del Biobío manifestaron su preocupación por los efectos que podría generar el proyecto de ley de autocontrol de pesaje, actualmente en discusión en la Comisión de Obras Públicas del Senado, advirtiendo que su diseño actual podría provocar importantes dificultades operacionales, mayores costos logísticos y una pérdida de competitividad para distintas actividades económicas de la región y de la macrozona centro-sur.
Las organizaciones empresariales coincidieron en que es fundamental avanzar en medidas que permitan prevenir la circulación de vehículos con sobrepeso, proteger la infraestructura vial y fortalecer la seguridad de las personas, sin embargo “la regulación debe ser técnicamente eficaz, proporcional y compatible con el funcionamiento de las cadenas productivas y logísticas del país”, indicó Álvaro Ananías, presidente de CPC Biobío.
“Una de las principales preocupaciones apunta a que el proyecto concentra nuevas obligaciones de control en instalaciones de destino, como puertos, plantas industriales y centros de transferencia de carga, cuando el eventual daño a los caminos ya se ha producido durante el trayecto. A juicio de los gremios, este enfoque no resuelve adecuadamente el problema de fondo y podría generar nuevos puntos de congestión, mayores tiempos de espera y una disminución de la capacidad operativa del sistema logístico”, añadió el líder gremial.
El Biobío constituye una de las principales plataformas productivas y logísticas del país, con una importante actividad forestal, portuaria, industrial, agrícola, pesquera y de transporte. Por ello, las modificaciones propuestas no solo afectarían a determinadas instalaciones, sino que podrían tener consecuencias sobre toda la cadena de abastecimiento, desde los puntos de origen de las materias primas hasta su procesamiento, distribución y exportación.
Los efectos se sentirán en todos los sectores productivos del Biobío
“El sector forestal tiene una realidad operacional que debe ser considerada en este proyecto. Nuestras faenas de cosecha y puntos de carga son móviles, temporales y muchas veces se desarrollan en terrenos de pendiente y difícil acceso, donde no es técnicamente factible instalar básculas fijas o sistemas de pesaje por eje. Actualmente, utilizamos tecnologías incorporadas en las grúas de carguío que permiten controlar el peso de la madera, por lo que es fundamental reconocer estos mecanismos y contemplar alternativas de control acordes con las características de nuestra actividad”, señaló Alejandro Casagrande, presidente regional de CORMA Biobío y Ñuble.
“Uno de los principales riesgos es que se terminen duplicando controles a lo largo de una cadena que moviliza madera desde los bosques hacia aserraderos, plantas industriales y puertos. Esto podría generar mayores tiempos de espera y costos, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas que participan en esta actividad. Necesitamos fortalecer la fiscalización efectiva en las rutas y aprovechar los sistemas de pesaje existentes, en lugar de sumar exigencias que encarezcan innecesariamente la producción y el transporte forestal”, agregó Casagrande.
Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, explicó que, en el caso de este sector, “hoy todas las plantas cuentan con sistemas de pesajes certificados que forman parte del sistema de trazabilidad que regula Sernapesca. El proyecto de ley propone además remitir la información de pesaje a la Dirección de Vialidad según defina el Ministerio de Obras Públicas, lo que significará nuevas exigencias con la consiguiente pérdida de competitividad en la operación logística pesquera. El proyecto podría generar una duplicidad en el registro de información ya que no se contemplan mecanismos de integración con otros organismos del Estado”, puntualizó Cepeda.
Desde ASEXMA Biobío manifestaron su profunda preocupación por las medidas impulsadas por el Gobierno y el Parlamento, advirtiendo que aumentan los costos para las Pymes exportadoras y profundizan la crisis del comercio exterior en la región. Su gerente, Alfredo Meneses, hizo un llamado urgente a considerar la realidad local “donde más del 50% del producto interno proviene del comercio del comercio exterior, por lo tanto, cualquier medida que genere algún nivel de ruido en nuestras plataformas de comercio exterior evidentemente que se hace resentir en aquello en que, para lo cual todos luchamos, que es generar empleo”.
Por su parte, José Miguel Stegmeier, presidente de SOCABIO enfatizó que “por los efectos climáticos del Fenómeno del Niño, los cuales están poniendo en riesgo una normal temporada de exportaciones, por el daño que está produciendo en las diversas especies y variedades de frutas, imponer hoy una Ley de Pesaje que colapsa los nodos de distribución e interrumpe el flujo continuo de los camiones demuestra un desconocimiento absoluto de la logística agroexportadora. En el comercio mundial de fruta fresca, cada día de retraso en el trayecto destruye el valor del producto en destino”, sentenció el líder gremial.
Desde IRADE, su presidente, Nelson Donoso, destacó la importancia de evaluar las implicancias de esta iniciativa desde una perspectiva integral del desarrollo regional. “Como región, enfrentamos importantes desafíos para fortalecer nuestra competitividad y atraer nuevas inversiones. Por eso, es fundamental que las regulaciones que se impulsen consideren sus efectos sobre la actividad productiva y logística. Compartimos plenamente la necesidad de proteger nuestra infraestructura vial y garantizar la seguridad, pero debemos avanzar hacia soluciones que sean efectivas y que no terminen generando mayores costos, duplicidad de controles o nuevas dificultades para las empresas. El Biobío necesita condiciones que faciliten su desarrollo, y para ello es clave incorporar la experiencia de los sectores productivos en el diseño de estas normativas”, señaló Donoso.
Llamado al Senado y propuestas regionales
Desde el Biobío se considera fundamental que la normativa reconozca estas particularidades y contemple mecanismos alternativos de control y trazabilidad digital, que permitan verificar el cumplimiento de los límites de peso sin introducir costos y dificultades adicionales a una cadena productiva que moviliza, por ejemplo, materias primas desde los bosques hacia plantas industriales, centros de procesamiento y puertos.
Los gremios y organizaciones empresariales plantearon la necesidad de introducir modificaciones que permitan cumplir efectivamente el objetivo de proteger la infraestructura vial, sin generar nuevas barreras para el desarrollo productivo. “Hacemos un llamado a la Comisión de Obras Públicas del Senado a revisar el diseño actual del proyecto e incorporar las observaciones de los sectores productivos del país, promoviendo un diálogo técnico que permita avanzar hacia una regulación efectiva, aplicable y acorde con las distintas realidades operacionales del país”.
Entre ellas:
- Priorizar la fiscalización en los puntos de origen y durante el trayecto, donde es posible prevenir que vehículos con sobrepeso circulen por las carreteras, en lugar de concentrar las obligaciones en instalaciones de destino, cuando el eventual daño ya se ha producido.
- Incorporar criterios de proporcionalidad y diferenciación según las características de cada actividad, reconociendo las particularidades de las faenas móviles, las instalaciones industriales, los recintos portuarios y los centros de transferencia de carga.
- Aprovechar los sistemas de pesaje y trazabilidad existentes, avanzar en mecanismos de interoperabilidad digital entre los organismos públicos competentes y evitar controles repetitivos que no contribuyan a mejorar la fiscalización.
- Establecer responsabilidades claramente definidas entre los distintos actores de la cadena logística, junto con plazos de implementación graduales y condiciones técnicas conocidas oportunamente, que permitan a las empresas evaluar y planificar eventuales inversiones.
- Ejecutar una evaluación de los impactos operacionales y económicos de las nuevas exigencias, considerando sus efectos sobre los costos de transporte, los tiempos de atención, la capacidad de las instalaciones, la competitividad regional y los proyectos de inversión logística.
