Dice un refrán que todos somos generales después de la batalla, pero han pasado 7 años del Estallido del 18 de octubre de 2019 y todavía no sabemos cuál era la respuesta óptima para “atajar” el ciclo de protestas, intentos antidemocráticos de destitución presidencial y posterior seguidilla de fallidos intentos constitucionales.
Por supuesto, hay un grado de acuerdo en lo que no debió hacerse: Minimizar el malestar ciudadano con comentarios sobre el precio de las flores o las ventajas de madrugar; la unidad de inteligencia nacional tiene espacios de mejora en lo interpretativo y en la detección señales de alerta; y hablar de Chile como un oasis de estabilidad cuando lo que correspondía era prepararse para la sequía.
Tampoco faltan los interesados en llevar agua a su molino, esforzándose por convencernos que todo hubiera sido miel sobre hojuelas si hubiéramos seguido su doctrina. Los políticos de izquierda dijeron que para evitar el estallido debiéramos haber subido impuestos para financiar un Estado de Bienestar generoso. Los de derecha dijeron que debiéramos haber bajado los impuestos para impulsar un crecimiento económico maravilloso. Y los académicos, por supuesto, dijeron que habría que solventar los estudios de su área del saber para aproximarse a la solución de modo riguroso. Es decir, nada nuevo bajo el sol. Es absurdo tomar en serio a personas que siempre ofrecen n la misma solución a todos los problemas.
La experiencia enseña que las soluciones a problemas específicos siempre están arraigadas en los detalles. Es en este plano donde el silencio de los generales se escucha con fuerza.
En tanto, algunas preguntas siguen vigentes: ¿debemos blindar nuestra democracia de estos asaltos o hacerla más flexible para adecuarnos a su inevitable llegada? ¿debiera un Gobierno tener la capacidad de hacer más costosa la organización de protestas en momentos críticos (por ejemplo, enlenteciendo las redes sociales) o el derecho a la protesta incluye el uso de plataformas? ¿debiera el Gobierno, para asegurar su continuidad democrática, dar por perdido el control del orden público en lugares especialmente complejos y así fortalecer lugares estratégicos, o la igualdad ante la ley exige tratar todas las zonas igual aún en momentos críticos?
¿Es posible gestionar una protesta acéfala y sin petitorio claro, en que conviven manifestantes pacíficos que empoderan con su masividad a los grupúsculos violentos, o es necesario exigir contrapartes y por tanto elecciones de algún tipo? si no hubiera sido por la pandemia generada por el coronavirus, ¿hubiera el pueblo chileno votado en contra del desvarío jurídico del mamarracho?
Han pasado varios años desde el Estallido y las encuestas muestran que la opinión pública pasó de un apoyo transversal a sus consignas, a desentenderse y tildarlo de violento, y últimamente recordarlo de forma lejana y borrosa. Las autoridades actuales -que todavía tienen el estallido fresco en la memoria, pero no fueron responsables (activos o pasivos) de éste-, tienen la obligación de tomar medidas para que el próximo evento sea menos traumático.
