El proyecto que llegó al Senado contempla un alza del aporte fiscal anual de la normativa pasando de 100 mil millones de pesos a 185 mil millones. También apunta a flexibilizar las vías de financiamiento y la negociación con los proveedores.
Una primera mirada dio la Comisión de Salud al proyecto -con urgencia suma- que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y modifica la ley que crea un Sistema de Protección Financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, más conocida como Ley Ricarte Soto (LRS).
En la sesión, la instancia conoció la propuesta de voz de la ministra de Salud, May Chomali, quien explicó que el Gobierno recogió el texto iniciado en moción de la administración anterior dada la urgencia de inyectar nuevos recursos al fondo. Con todo, se reconoció que no se descarta presentar indicaciones en este trámite.
La Comisión también solicitó claridad del Ejecutivo respecto a entender que una cosa es el debate que se ha dado en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos que debe resolver la rebaja a la LRS de 28 mil millones de pesos, y otra es el proyecto que comienza a estudiar la Comisión para lo cual se tomará el tiempo que sea necesario.
PROBLEMA PRESUPUESTARIO
La ministra de Salud, May Chomali explicó que la LRS cuenta con diez años, por lo que es necesario hacer un balance y ajustes. “La ley busca asegurar el diagnóstico y el tratamiento de dispositivo médicos y alimentos, con efectividad probada, de enfermedades de alto costo. La garantía es de protección financiera, garantía de oportunidad y garantía de calidad”, describió.
“Recibimos muchas solicitudes de asociaciones médicos y pacientes para incorporar patologías. A la fecha hay 52 mil pacientes beneficiados, 27 enfermedades cubiertas y 67 tecnologías garantizadas. El primer decreto fue el 2015, luego vino el del 2017 y 2018, en los que se incorporaron enfermedades. El último fue el del 2019 y de ahí no se ingresaron más. En el 2024 solo hubo cambios para patologías que ya estaban, por eso se han acumulado las solicitudes», manifestó.
La autoridad sinceró que «el gasto real versus el proyectado ha sido muy distinto. El 2021 la Dipres ya advirtió que no habría holgura presupuestaria a partir del 2026, que se acabaría el fondo y eso fue así, a menos que se generara ahorro. La ley es insuficiente para el crecimiento de la demanda. Desde el 2020, el gasto siempre fue mayor al presupuesto. Nuestro balance es que el marco normativo es muy sólido pero el aporte fiscal es fijo frente al crecimiento del gasto».
PROYECTO
En ese marco se inserta el proyecto en segundo trámite. Éste contempla un alza del aporte fiscal anual al Fondo, que pasará de 100 mil millones de pesos a 185 mil millones de pesos. La moción, también eleva el límite de gastos de 80 al 90% permitiendo un fondo basal mayor; y se permite incorporar aportes fiscales adicionales.
Otras enmiendas son aplicadas al proceso de evaluación científica; la elaboración de recomendación priorizada; el proceso de decisión; y la vigencia y modificación de los diagnósticos y tratamientos de alto costo con protección financiera. Además, se agregan nuevas secciones. Una de ellas refiere a la publicación y actualización del Precio Máximo Industrial. Otras se relacionan con la incorporación al Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) y sobre la modificación del decreto por costo anual.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
El presidente de la Comisión, el senador Juan Luis Castro preguntó detalles del cambio presupuestario. “Me preocupa que sea un ajuste del presupuesto, pero no considere ingresar nuevas patologías. ¿Cuál es la proyección que tiene el ministerio de la demanda en los próximos años? Este proyecto cuando se vio en Sala, el Ejecutivo de la época dijo que las proyecciones del gasto eran insuficientes y que no permitía cubrir más desde el 2027 pese al alza del fondo. ¿Cuál es el aporte del nuevo Gobierno?”, hizo ver.
El senador Enrique Lee enfatizó la importancia de este proyecto asegurando que “el Estado enfrenta el problema de cubrir las tecnologías diagnósticas que son carísimas. Sabemos que parte de la evidencia médica aún está en una nebulosa, pero para los pacientes es una esperanza. Si nos vamos a dedicar a ver el financiamiento, hay que pensar en la distribuir los recursos que son limitados pensando en todos los pacientes. Esto de la confidencialidad, ¿considera que no se dará a conocer el nivel de eficiencia de un tratamiento?”.
Luego la senadora Ximena Ordenes recordó el debate que se ha dado en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos. “La gran preocupación es la sostenibilidad financiera. Me preocupa la cobertura y ahora llegamos a 27 enfermedades, pero ¿existe posibilidad de ampliarlas? Dicen que parte de esto se pasaría al GES. En el erario hay un recorte en la LRS, pero no nos queda claro en qué se rebajan los costos si no se van a perder los beneficios”.
Por su parte, la senadora Karol Cariola declaró que “la baja de la LRS en la ley de presupuesto es una sorpresa negativa. Quiero valorar que hayan recogido el proyecto de la administración anterior pero no se hacen cargo del recorte. Me preocupa la suficiencia del nuevo aporte porque el gasto presupuestado supera con creces el alza. Entonces ¿hasta qué año se garantiza la cobertura? El traspaso del LRS al GES, ¿qué garantía de continuidad tendría para los pacientes?”.
En respuesta la ministra sinceró que “no hay certezas absolutas de que el alza será suficiente. Por eso hay que considerar que hay otros cambios financieros que nos dan mayor flexibilidad para negociar nuevos precios. También se consideran cambios que podrían variar el gasto usando la intercambiabilidad. En la medida que podamos reducir el costo de las patologías actuales, podremos incorporar otras”.
