El gremio advirtió que un retroceso en la regulación del comercio ambulante podría afectar los avances en la lucha contra la informalidad y la recuperación de los espacios públicos y llamó a un consenso político transversal para fortalecer su fiscalización.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que dejó sin efecto la Ordenanza Municipal Nº45 de 2025, señalando que las observaciones jurídicas y procedimentales deben ser corregidas, sin perder de vista el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la Ley Nº 21.426, sobre Comercio Ilegal, vigente desde febrero de 2022.
El presidente de la CNC, José Pakomio, señaló que “este fallo no puede interpretarse como una señal equívoca en el combate al comercio ilegal, la informalidad y la recuperación de los espacios públicos. Por el contrario, debe ser una oportunidad para perfeccionar la regulación y fortalecer la fiscalización, sin retroceder en el objetivo de ordenar esta actividad”.
Agregó que “nos preocupa que esto pueda significar un retroceso para el comercio de Chile, considerando el trabajo que hemos realizado, a través del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS), junto a municipalidades de todo Chile, promoviendo la adecuación de sus ordenanzas a la Ley Nº21.426. Este esfuerzo busca elevar los estándares regulatorios, establecer con claridad dónde puede ejercerse el comercio ambulante autorizado, identificar a quienes cuentan con permiso municipal precario y facilitar una fiscalización efectiva”.
Pakomio indicó que “nuestro estudio del 2024 sobre las ordenanzas municipales, que analizó 68 municipalidades, evidenció importantes brechas: solo un 22% había actualizado su normativa después de la entrada en vigencia de la ley; un 72% no establecía expresamente los lugares habilitados para ejercer esta actividad y un 82% no contemplaba un sistema de identificación con fotografía. Estas cifras demuestran que el cumplimiento de la ley sigue siendo un desafío nacional”.
Añadiendo que “por eso, es fundamental que exista un consenso amplio y transversal en esta materia. Combatir el comercio ilícito y la informalidad no puede depender de diferencias políticas: es una tarea necesaria para proteger al comercio formal, resguardar a los consumidores, mejorar la seguridad de nuestras ciudades y barrios y garantizar que los espacios públicos estén disponibles para todos. Esperamos que Valparaíso pueda avanzar prontamente en una nueva ordenanza que recoja las observaciones de la Corte y cumpla plenamente con la ley. Lo importante es corregir los aspectos procedimentales que correspondan, pero mantener firme el compromiso con el orden, la legalidad y la recuperación de los espacios públicos”.
Pakomio finalizó señalando que “desde la CNC y el OCIS reiteramos la importancia de avanzar en la implementación efectiva de la Ley Nº21.426, fortaleciendo la coordinación entre municipios, policías y organismos fiscalizadores. El desafío es establecer reglas claras, asegurar permisos debidamente regulados y facilitar una fiscalización que contribuya a combatir el comercio ilegal y a mejorar la seguridad en nuestras ciudades”.
