Durante el reciente seminario “El Estado Ciego” organizado por ALTO Chile y la escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, sostuvo una idea potente y que cobra mucho sentido: Los delitos del siglo XXI no se pueden enfrentar con herramientas del siglo pasado. En ese sentido, los datos son una herramienta de poder. Mientras las organizaciones criminales aprovechan las brechas de información, las instituciones siguen enfrentando delitos complejos con antecedentes dispersos, ausencia de comunicación entre sistemas y procesos que muchas veces avanzan a destiempo.
Más allá de la falta de información, el problema pasa por la incapacidad de conectar los datos disponibles y transformarlos en decisiones oportunas. Cuando una institución tiene antecedentes relevantes, pero estos llegan a destiempo a quienes investigan, se pierde una oportunidad de prevenir, perseguir y sancionar un delito. Y esa demora tiene consecuencias concretas.
El Estado deja de ser ciego cuando mira con los ojos del mundo privado y del público. En ALTO hemos visto el éxito de casos penales donde conseguimos condenas ejemplificadoras y también las dificultades y la pérdida de tiempo en los procesos investigativos, cuando las instituciones no están interconectadas. Por eso, Chile necesita una arquitectura pública de datos que permita integrarlos y analizarlos a tiempo, con accesos diferenciados, trazabilidad y reglas claras. Así, la información correcta llegaría a las personas indicadas en el momento preciso.
Nuestra experiencia demuestra el valor de esa colaboración: trabajando junto al Ministerio Público y las policías, hemos alcanzado un 300% de mayor efectividad en casos de imputados conocidos. Este resultado muestra lo que se puede lograr cuando las capacidades del sector público y privado se complementan en torno a un objetivo común.
El Estado necesita de la colaboración privada para maximizar sus resultados utilizando sus recursos actuales de manera efectiva y eficiente. El sector privado cuenta con experiencia, tecnología y conocimiento práctico que pueden contribuir a fortalecer las investigaciones y hacer más eficiente el uso de los recursos existentes. Incorporar esa experiencia desde el diseño de las políticas públicas y las normativas permitiría anticipar dificultades que, de otro modo, aparecen recién cuando las medidas se ponen en práctica.
Como señaló Juan Ignacio Piña, socio de BCP Abogados y expresidente del Consejo de Defensa del Estado, la integración y la colaboración público-privada están abriendo nuevas posibilidades. El desafío es incorporar ese conocimiento desde el diseño de las políticas públicas, para que las soluciones respondan tanto a lo que ocurre en terreno como a lo que se plantea en la teoría.
El desafío es avanzar hacia una colaboración que tenga reglas comunicadas y conocidas al detalle por todos los actores involucrados, que resguarde los datos personales y permita compartir información de manera segura, con responsabilidades definidas. La protección de los derechos y la coordinación institucional son objetivos indispensables para construir una respuesta eficaz.
Chile necesita dejar atrás el trabajo en silos. El objetivo del mundo público y privado es el mismo: mejorar la seguridad del país.
