Los parlamentarios, ambos integrantes de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, presentaron oficios de fiscalización a Codelco, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minería y Cochilco, para esclarecer los alcances de la propuesta planteada por el ministro Jorge Quiroz, eventuales conversaciones con inversionistas y los antecedentes de la reciente visita de Bill Gates a Chuquicamata.
Los diputados José Antonio Rivas (PS) y Valentina Cáceres (FA), ambos integrantes de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, manifestaron su preocupación ante las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien planteó la posibilidad de incorporar capital privado en algunas divisiones de Codelco, en medio de los cuestionamientos a la estatal por las irregularidades detectadas en sus registros de producción.
Los parlamentarios advirtieron que los problemas de gestión y fiscalización de la principal empresa estatal del país deben investigarse con el máximo rigor, pero que aquello no puede convertirse en una justificación para debilitar su carácter público. Asimismo, plantearon la necesidad de esclarecer los alcances de la reciente visita de Bill Gates a Chuquicamata, considerando sus vínculos con inversiones en exploración minera a través de Breakthrough Energy Ventures y KoBold Metals.
En ese contexto, los legisladores presentaron cuatro oficios de fiscalización dirigidos a Codelco, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minería y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), con el propósito de conocer los antecedentes técnicos de la propuesta, eventuales conversaciones con inversionistas y las medidas destinadas a fortalecer la gobernanza de la cuprífera.
El diputado José Antonio Rivas señaló que “Con estos antecedentes se ha abierto una verdadera caja de Pandora en Codelco y tenemos que llegar hasta el fondo. Estamos hablando de la principal empresa estatal de Chile, cuyos recursos son fundamentales para el desarrollo del país. Aquí no basta con desvincular ejecutivos, tenemos que esclarecer las responsabilidades y entender por qué fallaron los mecanismos de control”.
Rivas agregó que “también hay que ser claros: las irregularidades no pueden convertirse en una excusa para debilitar el patrimonio de Chile. Nos parece preocupante que, en medio de esta crisis, se plantee abrir divisiones de Codelco al capital privado. Queremos saber desde cuándo se estudia esta posibilidad, qué divisiones están considerando y si existen conversaciones con potenciales inversionistas”.
Por su parte, la diputada Valentina Cáceres sostuvo que “Vamos a seguir cuidando nuestra empresa estatal y fiscalizando con responsabilidad para que Codelco funcione bien, sea transparente y siga aportando al desarrollo de Chile. Las irregularidades deben investigarse y tener responsables, pero no pueden convertirse en una excusa para debilitarla ni abrir paso a su privatización”.
Respecto de la visita de Bill Gates a Chuquicamata, los parlamentarios oficiaron al presidente del directorio de Codelco para conocer quién gestionó y autorizó el recorrido, qué ejecutivos participaron y si durante las actividades se abordaron oportunidades de inversión, asociaciones comerciales, exploración minera o cooperación tecnológica.
Asimismo, requirieron antecedentes sobre eventuales reuniones, convenios o conversaciones entre Codelco y KoBold Metals, Breakthrough Energy Ventures u otras entidades vinculadas empresarialmente al multimillonario estadounidense, además de posibles manifestaciones de interés de inversionistas privados en activos o divisiones de la estatal.
En paralelo, mediante un oficio al Ministerio de Hacienda, solicitaron establecer si existe una propuesta formal para incorporar capital privado, qué divisiones podrían estar involucradas, cuáles son los estudios que respaldan la iniciativa y desde cuándo se encuentra en evaluación. También consultaron si esta alternativa comenzó a estudiarse antes de conocerse las irregularidades en los registros de producción y si han existido contactos con potenciales inversionistas nacionales o extranjeros.
Al Ministerio de Minería solicitaron precisar su participación en la elaboración de la propuesta, las evaluaciones sobre sus consecuencias para la industria y los mecanismos considerados para garantizar el control estatal. Finalmente, a Cochilco requirieron informes sobre los riesgos y beneficios de eventuales asociaciones público-privadas, las deficiencias detectadas en los mecanismos de fiscalización y las medidas recomendadas para fortalecer la gobernanza de Codelco.
