La parlamentaria republicana planteó ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado incorporar un artículo transitorio al proyecto que busca derogar la Ley 19.856, para que las solicitudes de reducción de condena que permanezcan sin resolver se den por concluidas automáticamente una vez publicada la nueva ley. Charpentier sostuvo que esta medida permitiría entregar una respuesta concreta al problema actual, evitar incertidumbre jurídica y garantizar que las víctimas sean consideradas en la reforma penitenciaria.
La diputada Paz Charpentier (REP) propuso ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado incorporar un artículo transitorio al proyecto de ley que busca eliminar el sistema de reducción de condenas por buena conducta, establecido en la Ley 19.856, con el objetivo de entregar una respuesta política concreta a las solicitudes que actualmente permanecen pendientes de resolución. Durante su intervención en la instancia, la parlamentaria planteó que, una vez publicada la nueva legislación, todas las solicitudes de rebaja de condena que no hayan sido resueltas se entiendan concluidas por el solo ministerio de la ley y que la autoridad administrativa correspondiente proceda a su archivo. La iniciativa busca abordar no solo el funcionamiento futuro del sistema penitenciario, sino también la situación de los procedimientos que siguen en tramitación.
La propuesta surge en medio de la controversia por las rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, situación que llevó al Ministerio de Justicia a suspender la tramitación de determinados decretos y anunciar modificaciones legislativas. En ese contexto, Charpentier sostuvo que no basta con derogar el beneficio hacia adelante, sino que también es necesario establecer qué ocurrirá con las solicitudes presentadas bajo la legislación vigente. “Me parece a mí que la ley de rebaja de condenas no establece derechos y que aquellas solicitudes que han sido presentadas, en consecuencia, no constituyen derechos adquiridos de los condenados, sino más bien meras expectativas, como bien pudiera ser, por ejemplo, la postulación a un subsidio de vivienda u otro tipo de solicitud a la administración central”, explicó.
En esa línea, la diputada planteó expresamente la fórmula que, a su juicio, permitiría resolver el problema de las solicitudes pendientes. “Creo que aquí una buena idea, para efectos de solucionar y dar certeza jurídica y respuesta política al problema que estamos viviendo hoy día, sería agregar un transitorio más o menos en los siguientes términos: que las solicitudes de reducción de condena presentadas al amparo de la Ley 19.856, que se encuentren en trámite y no resueltas a la fecha de publicación de la ley, se entiendan concluidas por el solo ministerio de la ley, debiendo procederse a su archivo por la autoridad administrativa que corresponda”, señaló. De esta manera, la parlamentaria busca que la eventual derogación contemple una instrucción legal expresa para cerrar los procedimientos que continúen pendientes, sin necesidad de establecer mecanismos adicionales para resolver cada solicitud bajo el régimen anterior.
Charpentier enfatizó que esta disposición resulta especialmente relevante porque permitiría entregar una respuesta política al conflicto actual, además de establecer certeza jurídica para la aplicación futura de la reforma. “Esta sugerencia de transitorio me parece vital. Creo que resuelve el problema de incertidumbre jurídica al respecto y evitaría, eventualmente, establecer un procedimiento para aquellos que hayan solicitado el beneficio de reducción de condenas y se encuentren pendientes, con todos los problemas respecto de los informes que han sido acompañados y su naturaleza jurídica”, afirmó. Asimismo, precisó que el cierre de estas solicitudes no impediría a los condenados postular a otros beneficios establecidos en la legislación, como la libertad condicional, cuyo procedimiento contempla requisitos más estrictos y considera la situación de las víctimas.
Durante su exposición ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, la legisladora también valoró que el Ejecutivo avance hacia una reforma integral del sistema de ejecución de penas, aunque insistió en la necesidad de incorporar expresamente la protección de las víctimas. “Me parece una muy buena noticia esta tríada que ha señalado el ministro entre tribunales de ejecución de condenas, la nueva institucionalidad de Gendarmería y el servicio de reinserción social. Y yo le agregaría una cuarta patita, que tiene que ver con el servicio de protección a las víctimas que ya hemos tramitado en este Congreso Nacional. Creo que esta mesa de cuatro pilares es fundamental, porque las víctimas no pueden quedar fuera en lo sucesivo, como hemos visto que ha pasado con la ley de rebaja de condenas”, sostuvo.
Finalmente, Charpentier manifestó su disposición a impulsar una indicación durante la tramitación legislativa e hizo un llamado al Ejecutivo a incorporar esta propuesta en el proyecto. “Yo honestamente espero que se tome a bien esta sugerencia. Me imagino que iremos a presentar una indicación, pero también le sugiero al Ejecutivo que lo tome en consideración”, expresó. La diputada reiteró que el objetivo es evitar que la derogación de la Ley 19.856 deje sin respuesta las solicitudes que ya se encuentran en trámite, estableciendo que estas concluyan automáticamente al entrar en vigor la nueva normativa. A su juicio, esta disposición permitiría abordar políticamente la controversia actual y, al mismo tiempo, entregar reglas claras para el futuro sistema de ejecución de penas.
