Una extensa carta al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, enviaron ocho concejales de Valparaíso, los mismos que ayer presentaron una querella por las irregularidades detectadas por el órgano contralor en la Corporación Municipal de Valparaíso, específicamente en la contratación de servicios laborales en dos establecimientos técnico profesionales de la ciudad puerto.
Se trata de Ruth Cáceres, Iván Vuskovic, Luis Soto, Daniel Morales, Eugenio Trincado, Claudio Reyes, Carlos Bannen y Marcelo Barraza, quienes enviaron la misiva para requerir mayores antecedentes por las irregularidades descubiertas. Indican que «no es un hecho desconocido que este Concejo ha hecho presentaciones a la Contraloría en su sede regional por actuaciones de la actual administración que se divisan abiertamente irregulares e informales y que tienen graves consecuencias para los habitantes de Valparaíso, de las cuales en su gran mayoría no se ha obtenido respuesta, como la denuncia por el PLADECO mas caro de la historia, que cumple hoy un año desde su presentación. Las irregularidades que podrían ser detectadas con una oportuna investigación repercuten directamente en la vida de la población mas vulnerable de Valparaíso, que tiene un importante índice de pobreza y precariedad en comparación con el resto del país».
Solicitan a Bermúdez instruir «personalmente la investigación de ciertas situaciones de máxima gravedad que ha detectado este Concejo y que esta investigación se haga en la Contraloría Nacional con el objeto de garantizar su celeridad, porque los hechos descritos inciden directamente en la dignidad de la ciudad, cuyos habitantes ya no pueden esperar más, debido a las consecuencias implacables del estallido social y la pandemia».
Entre ellas se anotan los sumarios sin respuesta, «no tan solo en la Comisión de Régimen Interno, sino que durante las últimas sesiones de Concejo Municipal y a raíz de los distintos temas que se han tratado, el mismo Alcalde ha indicado que se instruirán sumarios administrativos», a lo cual agregan el Organigrama Municipal donde «hay funcionarios que simultáneamente tienen roles de titular respecto a una jefatura y de suplencia en otras», y la Cooperativa Renacer Patrimonial en la cual durante el primer semestre, los funcionarios y funcionarias «solicitaron reuniones con la Administración en busca del cumplimiento de los compromisos asumidos por esta gestión en el lanzamiento de la Cooperativa en el Mes de Mayo 2018, para solucionar temas internos y que afectan directamente a más de 60 funcionarios y trabajadores municipales, socios del modelo de cooperativa. Se ha evidenciado una errática forma de proceder al respecto… Todo esto, terminando con que la propuesta de la Administración sea contratar vía trato directo a la misma cooperativa por 8 meses, haciendo coincidir el término del este trato directo con la fecha a la realización de las próximas elecciones populares, pasando a llevar el acuerdo adoptado mucho tiempo atrás, por parte del Concejo de no llevar adelante procesos de licitación durante ese período».
El listado de situaciones también anotan hechos en la Dirección de Aseo, el concurso de 15 directores de establecimientos educacionales a cargo de la Cormuval, una posible malversación de recursos en la corporación, el no pago de cotizaciones previsionales a los funcionarios de este organismo, y contrataciones de personal por sobre topes máximos legales del estatuto administrativo, entre otras.
«Durante todo el período de la administración del alcalde Jorge Sharp se han sobrepasado unos u otros límites, establecidos por la normativa vigente. Según resulta de los análisis que realiza la Dirección de Control, de forma trimestral. Durante toda la administración del alcalde Sharp, la cuenta 2104, denominada Honorarios con fondos externos, se ha financiado con fondos internos y se ha utilizado para el financiamiento de remuneraciones a trabajadores a honorarios que realizan trabajos que la ley considera esenciales para la municipalidad, tales como: Aseo, Administración, etc», indican.
También se refieren a las demoliciones que debe ejecutar el municipio por construcciones que están en riesgo de derrumbe, tras un informe entregado por la dirección de emergencias el pasado 30 de marzo: «En el mismo, se detalla un listado de 18 propiedades, las cuales mantienen orden de demolición bajo decreto alcaldicio. Decreto que declara el estado ruinoso y el riesgo de colapso de las estructuras. A raíz de falta de información de dicho documento presentado por el director que tiene a cargo el departamento de emergencias y al mismo tiempo el departamento de operaciones, la comisión solicita a la Dirección de Obras Municipales, las respectivas copias de los decretos de demolición, junto a los informes técnicos que contempla el artículo 156 de la ley General de Urbanismo y Construcción, que hace justificable su demolición. En total son 18 inmuebles en estas condiciones recepcionando solo 4 informes de la dirección de obras, faltante de envío un total de 14 a la fecha de hoy. Dada la condición de peligrosidad que representan estos inmuebles, se comienza a contratar, vía trato directo y sin pasar por el Concejo Municipal, a empresas para ejecutar estos trabajos. Según la opinión de expertos (2 Concejales que son arquitectos), el costo que estamos pagando como Municipalidad por estas obras excede los precios de mercado. Existe una Mesa Técnica Urbana, con decreto municipal del año 2009, encargada de discutir, en particular, la situación de los edificios ruinosos que se encuentran en la comuna, sin embargo, dada la laxitud de esta Administración, esta Mesa Técnica no ha sesionado nunca».
Otras áreas mencionadas en la misiva son el Plan Director de Gestión Patrimonial, la distribución de cajas de mercadería, incumplimientos en el ámbito de la fiscalización de recintos, el laboratorio popular, y los denominados «arriendos fantasmas».
A esto se suma el conflicto que derivó en la destitución-renuncia del administrador municipal, en donde los ediles denuncian que se informó en un concejo la renuncia del funcionario, «sin embargo, no consta en ningún documento oficial de la Municipalidad, que ese decreto haya sido cursado de acuerdo a la norma administrativa vigente. Lo que se sabe es que solo fue firmado por el Alcalde, pero no cuenta número de oficio ni tuvo proceso en secretaría municipal, esto solo sucedió hasta el día lunes siguiente a la fecha de la votación de la destitución». A ello agregan que después esta persona fue contratado a honorarios en el gabinete municipal.
