El parlamentario acusó a la abogada de haber intervenido en la tramitación de ambas leyes para favorecer a laboratorios privados
El diputado Andrés Celis, junto al abogado Luis Eduardo Cantellano, presentaron este jueves una querella en el Juzgado de Garantía de Valparaíso en contra de la abogada Andrea Martones por los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Según la acción judicial, Martones, quien ha trabajado como asesora de laboratorios farmacéuticos y de senadores y diputados, habría tenido un rol clave en la inclusión de un artículo en la Ley del Cáncer que benefició a la industria privada, además de haber filtrado información sobre la Ley Ricarte Soto a ejecutivos del sector.
Esta querella se suma a las denuncias previas realizadas por Andrés Celis, integrante de la Comisión de Salud y de la Comisión Investigadora de Fármacos II, sobre las presuntas irregularidades en la tramitación de la ley, caso en el que el parlamentario ya declaró ante el Ministerio Público.
El abogado Luis Eduardo Cantellano, representante del diputado en esta querella, explicó la gravedad de los hechos. “Ella ha desempeñado el cargo de asesora de distintos laboratorios y, según los antecedentes que hemos recibido y analizado, estos delitos se configuran plenamente. Esta es una situación inédita en la tramitación legislativa y requiere ser investigada por el Ministerio Público, para que posteriormente los tribunales de justicia determinen las eventuales sanciones».
Intervención en la Ley del Cáncer
Uno de los principales antecedentes de la querella apunta a la inclusión de un artículo en la Ley del Cáncer que habría sido propuesto directamente por Martones a un ejecutivo de un laboratorio y que posteriormente apareció de forma permanente en el texto final de la normativa. Dicho artículo otorga a los laboratorios la capacidad de fijar la cantidad de medicamentos que pueden vender y proyectar a futuro, lo que podría generar distorsiones en el mercado y afectar el acceso a tratamientos.
Andrés Celis calificó este hecho como un ejemplo que podría constituir tráfico de influencias dentro del proceso legislativo. En ese sentido, afirmó que “no vamos a permitir que una persona que asesora a laboratorios y, al mismo tiempo, a parlamentarios, le proponga a un ejecutivo de la industria farmacéutica un artículo transitorio y que este termine de manera ‘mágica’ en la Ley del Cáncer como un artículo permanente. Esto es gravísimo, porque le da poder a un laboratorio para proyectar su venta de medicamentos, poniendo la economía por sobre la salud de las personas».
Filtración del decreto de aplicación de la Ley Ricarte Soto
Otro punto clave de la querella es la acusación de que Martones habría entregado información privilegiada a ejecutivos de un laboratorio respecto del contenido del decreto de la Ley Ricarte Soto antes de su publicación oficial. Este protocolo determina los medicamentos que serán financiados por el Estado para enfermedades de alto costo, por lo que su conocimiento previo otorgaría una ventaja comercial indebida a las farmacéuticas.
El diputado Celis enfatizó la gravedad de este hecho, enfatizando en que “aquí no solo estamos hablando de una falta a la ética, sino de una conducta ilegal que favorece a un sector privado en desmedro de la transparencia del sistema de salud. Filtrar el decreto de aplicación de la Ley Ricarte Soto es darle a un laboratorio la posibilidad de anticiparse y preparar su estrategia de mercado con información que aún no era pública. Esto es inmoral y debe ser sancionado».
El diputado Celis finalizó diciendo que continuará fiscalizando estas situaciones y que espera que la justicia actúe con celeridad. “La transparencia es un principio intransable. No permitiremos que se sigan vulnerando los procesos legislativos en beneficio de intereses privados. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que se esclarezca esta situación y se sancione a los responsables».
