Mientras algunos medios repiten sin cesar “el asesino” o “el monstruo de Calama” para referirse al estudiante que el 27 de marzo mató a una inspectora e hirió a otras cuatro personas en el Instituto Lezaeta de Calama, ningún panel de televisión de los que hoy claman por más mano dura ha rescatado la declaración que hace un compañero de colegio en el diario El Nortero: “No era un monstruo, es el amigo más dulce que he tenido. Estaba herido. Merecía ayuda mientras nadie se preocupaba por él”.
La tragedia que enluta a esa comunidad educativa es el final de una cadena larga de alertas que nadie atendió a tiempo. De hecho, las palabras del compañero expresan que lo ocurrido no es una anomalía, sino un fracaso colectivo: no rescatar a un niño cuando todavía se está a tiempo. Era un adolescente que recién había cumplido 18 años, con salud mental deteriorada, sin red de apoyo oportuna, invisible para el sistema hasta que fue imposible ignorarlo.
El gobierno ha salido a decir que esto requiere acelerar la instalación de pórticos para detección de armas en las escuelas. Pero el propio hijo de la otra funcionaria herida –que continúa grave– señaló que la solución “no son pórticos, sino un trabajo profundo con la comunidad escolar. Hay que echar pie atrás en el recorte de presupuestos para salud mental y las escuelas”.
Para prevenir que esto se repita, se requiere de un debate público a la altura: no centrarse en instalar detectores de metales, sino duplas psicosociales en cada colegio. No espectáculo en la televisión, sino narrativas que planteen la urgencia de buenas políticas de salud mental, buen trato y protección temprana. La muerte de la inspectora María Victoria Reyes merece que algo cambie en lo profundo.
