El parlamentario solicitó información sobre protocolos y medidas adoptadas tras la agresión sufrida por la ministra de Ciencias en la Universidad Austral, apuntando a posibles omisiones y falta de coordinación en el resguardo de autoridades.
El diputado Matías Fernández presentó un oficio dirigido a la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos para esclarecer las acciones y protocolos de seguridad aplicados durante la visita de la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, a la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, el pasado 8 de abril.
El requerimiento surge luego de que la secretaria de Estado permaneciera cerca de tres horas al interior del Aula Magna del campus debido a manifestaciones estudiantiles en el exterior, y posteriormente fuera agredida al momento de abandonar el recinto.
En el documento, el parlamentario plantea su preocupación por la ausencia de medidas de resguardo visibles, lo que -según señala- podría evidenciar una eventual omisión en las responsabilidades de la Delegación Presidencial, organismo encargado de garantizar el orden público y la seguridad en la región.
En esa línea, Fernández solicitó que se informen los protocolos vigentes para la protección de autoridades, el detalle de las decisiones adoptadas ese día, las coordinaciones con otros organismos de seguridad y cualquier otra acción implementada para resguardar a la ministra.
“Hemos oficiado a la Delegación Presidencial Regional y al Ministerio de Seguridad para saber las acciones y protocolos, particularmente con lo que sucedió en la agresión a la ministra en Valdivia. No puede ser que la principal figura encargada de articular los servicios y proveer seguridad no haya dado declaraciones ni exista claridad sobre el proceder que se debió haber tomado ese día”, señaló el diputado.
El legislador agregó que se encuentran a la espera de la respuesta oficial, la que -indicó- permitirá esclarecer “cómo la representación del Presidente José Antonio Kast en la región actuó frente a este hecho ocurrido durante la visita de la ministra”.
El oficio se enmarca en las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados, y busca determinar eventuales responsabilidades frente a un episodio que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo para autoridades en actividades públicas.
