El centro asistencial suscribió un contrato con una sociedad de servicios médicos por más de $680 millones. El principal dueño de la firma era un facultativo del hospital, quien contaba con un 98% de participación. Se iniciará un sumario.
La Contraloría General de la República (CGR) iniciará un sumario y una fiscalización en el Hospital Sótero del Río para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, derivadas de la aprobación del contrato de prestación de servicios médicos con una empresa cuyo dueño, en un 98%, era un facultativo de dicho recinto.
En concreto, el centro asistencial contrató los “servicios profesionales médicos especializados en tratamientos quirúrgicos de traumatología” a la empresa “Sociedad de Servicios Traumatológicos y Médicos TRAUMAHARD Ltda.” por $680.271.966. Si bien la prohibición de contratar no distingue grado de participación, se constató que en este caso la empresa está compuesta por dos socios: un funcionario del complejo asistencial -con un 8% de participación- y la Sociedad Servicios Médicos Integrados Limitada, con el 92% restante. Sin embargo, esta última se encuentra integrada por el mismo trabajador del hospital con un 98% de participación.
Si bien la Ley N°19.886 que prohíbe a los organismos del Estado suscribir contratos administrativos con el personal de la misma institución, o con sociedades de personas o empresas individuales que formen parte o sean beneficiarios finales, establece excepciones, en este caso la resolución que aprobó el contrato no está debidamente fundada como lo exige la ley y, además, se constató que el hospital contrató a dicha empresa indicando que su facultativo sólo tenía una participación minoritaria en ella (8%), pese a que en realidad está compuesta por dos socios: el funcionario del complejo asistencial -con ese 8% de participación- y la Sociedad Servicios Médicos Integrados Limitada, con el 92% restante. Sin embargo, esta última se encuentra integrada por el mismo funcionario del hospital con un 98% de participación. Lo anterior, afecta la integridad, transparencia y confidencialidad del proceso.
Por estas razones, la Contraloría iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.
