La parlamentaria exigió al Ministerio de Desarrollo Social transparentar el impacto humano de la descontinuación y ajuste presupuestario de programas clave, advirtiendo que no se puede reducir el Estado sin medir sus consecuencias en la vida de las personas.
La diputada Coca Ñanco ofició al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para que informe en detalle sobre la implementación del Oficio Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, que instruye un escenario de restricción presupuestaria y contempla la descontinuación de 13 programas y el ajuste de otros 34, varios de ellos dirigidos a niñez, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.
La acción de fiscalización busca esclarecer los criterios, impactos y medidas de mitigación frente a decisiones que podrían afectar directamente a miles de personas que dependen de estas políticas públicas para su bienestar.
En ese contexto, la parlamentaria, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, cuestionó el manejo del Ejecutivo y anunció el envío del oficio: “Aquí no solo hay un problema de fondo, también hay un problema de forma que el propio oficialismo ha reconocido. Cuando incluso desde el mismo sector de gobierno se habla de errores en la comunicación o de decisiones mal explicadas, lo que queda en evidencia es una falta de conducción en un tema extremadamente sensible”, señaló Ñanco.
“No estamos frente a un ajuste técnico, estamos frente a decisiones que afectan directamente la vida de las personas. Detrás de cada programa que se elimina o se reduce hay niños, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas que dependen de ese apoyo para vivir con dignidad. Por eso oficiamos al Ministerio de Desarrollo Social: para que informe con claridad qué programas se van a eliminar o reducir, cuántas personas se verán afectadas y cuáles son las medidas concretas para evitar que estos recortes terminen profundizando la desigualdad”, agregó.
El oficio solicita el detalle de las medidas administrativas que se adoptarán para implementar las instrucciones de Hacienda, una evaluación del impacto social de la descontinuación de programas, los fundamentos técnicos de los recortes en iniciativas críticas y los planes de mitigación para resguardar los derechos de las poblaciones más vulnerables.
Entre los programas con recomendación de descontinuación se encuentran iniciativas vinculadas a pueblos indígenas —como el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, el Fondo de Desarrollo Indígena y programas de cultura y autocuidado—, además de instrumentos como Innova FOSIS, Ayudas Técnicas de SENADIS y apoyos para estudiantes con discapacidad. A esto se suman ajustes en programas sensibles como residencias y protección de la niñez (Mejor Niñez), el Fondo Subsidio ELEAM y viviendas para personas mayores (SENAMA), la Red Local de Apoyos y Cuidados, Chile Te Cuida, programas para personas en situación de calle, transferencias monetarias, subsidios de calefacción y políticas de infancia y adolescencia, entre otros.
