● Los parlamentarios solicitaron entregar el detalle metodológico, financiero y administrativo, advirtiendo la necesidad de transparentar los antecedentes detrás de las graves acusaciones instaladas públicamente contra la administración anterior.
Los diputados Jaime Bassa y Erika Ñanco despacharon un oficio dirigido al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos (Dipres), solicitando informar en detalle los antecedentes técnicos, financieros y administrativos que fundamentan las declaraciones efectuadas por autoridades de Gobierno respecto de un eventual riesgo fiscal estimado en US$9.200 millones, asociado a auditorías realizadas sobre programas y ejecuciones presupuestarias correspondientes al gobierno del expresidente Gabriel Boric.
La solicitud parlamentaria surge luego de que el Ejecutivo anunciara públicamente los resultados preliminares de una “auditoría total y exhaustiva” a la administración anterior, señalando la existencia de descalces financieros, compromisos no financiados y anomalías presupuestarias que representarían un riesgo potencial para las finanzas públicas.
El diputado Jaime Bassa señaló que “el Gobierno está formulando acusaciones muy graves, señalando eventuales riesgos millonarios para las finanzas públicas, lo que más parece una operación comunicacional, que no cuenta con los antecedentes técnicos y metodológicos necesarios. El gobierno no puede transformar una discusión fiscal compleja en una operación comunicacional sin respaldar seriamente sus afirmaciones”.
El parlamentario agregó que “este oficio busca despejar incertidumbres y evitar que discusiones institucionalmente sensibles sean utilizadas para tensionar el debate político o para desviar la atención de discusiones relevantes para el país, como la reforma tributaria que el gobierno está empujando para los súper ricos”.
En el documento, los parlamentarios solicitaron remitir copia íntegra de los informes de auditoría, el detalle metodológico utilizado, el desglose de los montos observados por ministerio y programa, así como los eventuales planes de mitigación contemplados por Hacienda frente a este supuesto descalce fiscal.
Por su parte, la diputada Erika Ñanco sostuvo que “lo responsable en una situación como ésta es transparentar todos los antecedentes y permitir que la discusión se dé sobre bases técnicas y no sobre titulares alarmistas o acusaciones apresuradas. Cuando se habla de cifras de esta magnitud, el país merece claridad y rigurosidad institucional”.
Ñanco añadió que “resulta legítimo preguntarse si esta puesta en escena no busca también cambiar el eje de la discusión pública justo cuando el Gobierno enfrenta cuestionamientos por su megarreforma y por el impacto que ésta tendrá sobre las familias trabajadoras. Las discusiones fiscales son demasiado serias para transformarlas en herramientas de distracción política.”
El oficio además solicita informar sobre el eventual impacto que este supuesto riesgo fiscal tendría en las metas fiscales de mediano plazo, en la regla de balance estructural y en la planificación presupuestaria para el año 2027.
