“Eso no es un error de cálculo. Esa es una decisión política de personas que no fueron capaces de hacer bien su trabajo. (…) La conducción de las finanzas del Estado exige transparencia, prudencia y respeto irrestricto al deber de probidad”, señalaron los legisladores.
Luego de conocer los resultados de la auditoría al último Informe de Finanzas Públicas de la administración de Gabriel Boric, que detectó una serie de inconsistencias, entre ellas más de 10 mil millones de dólares de diferencial en la proyección de deuda pública al 2030 y millones de pesos de cuentas sin pagar, la Bancada de Diputados del Partido Republicano, anunciaron este martes que presentarán una Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
En un punto de prensa liderado por el jefe de Bancada Benjamín Moreno, en compañía del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja Agustin Romero, así como de sus pares de la tienda política José Antonio Kast Adriasola, Macarena Santelices, Diego Vergara y Enrique Bassaletti, los legisladores explicaron que el estudio de la acción legislativa será dirigida contra el ex secretario de Estado, por su responsabilidad política en los que son “graves errores que han provocado un daño al país”.
Cabe recordar que la auditoría detectó que el déficit fiscal efectivo en doce meses móviles no se ubica en 1,8%, sino en 2,4% del PIB. También se detalla que el gobierno anterior no incluyó deuda por $9.559.289 millones (más de US$10 mil millones) para el periodo 2026-2030. Con esto, se superaría el nivel prudencial de deuda del 45% del PIB en 2028 y alcanzaría el 46,5% del PIB en 2030. Además, la administración Boric dejó compromisos financieros pendientes, destacando una postergación de pagos a proveedores por aproximadamente US$3.200 millones (cerca del 1% del PIB) que fueron trasladados para ser asumidos en 2026.
Por lo mismo, el diputado Moreno subrayó que la diferencia de déficit “es el equivalente a dos ministerios de Obras Públicas o dos ministerios de Vivienda. Eso no es un error de cálculo. Esa es una decisión política de personas que no fueron capaces de hacer bien su trabajo y que por simplemente tratar de salvar, o una elección, o su reputación política, le traspasan la cuenta a todos los chilenos”.
“Esta postergación de pagos no solamente son números, son cerca de 10 mil pymes. De aquellos que hoy día se llenan la boca hablando de las pymes, son cerca de 10 mil pymes que eran proveedoras del Estado, que son proveedoras del Estado y que no tuvieron sus pagos a tiempo”, señaló el jefe de Bancada, junto con destacar que “por irresponsabilidad política decidieron aplazar pagos para maquillar cifras y plantearse una moral superior al resto. Son valores equivalentes a 50 hospitales en nuestro país. Si tanto alegan por una ley de reconstrucción o por ciertas cifras que no les acomodan, háganse cargo de un diferencial de déficit que equivale a 50 hospitales. Díganle a las personas, díganle a los chilenos que gastaron de más la plata de 50 hospitales de nuestro país. Y nosotros vamos a hacer valer las responsabilidades políticas que en este caso recaen sobre el ministro Nicolás Grau”.
En tanto, Romero acusó que en una democracia seria, la responsabilidad fiscal “no puede transformarse en un ejercicio comunicacional, ni en una discusión reservada exclusivamente a expertos. La conducción de las finanzas del Estado exige transparencia, prudencia y respeto irrestricto al deber de probidad y al correcto ejercicio del control parlamentario. Por esta razón, hemos resuelto estudiar una Acusación Constitucional en conformidad al Artículo 52, número 2, letra B de la Constitución Política de la República, a fin que sea la Cámara de Diputados y posteriormente el Senado, quienes determinen las eventuales responsabilidades políticas derivadas de estos hechos”.
“La acusación buscará esclarecer si existió una vulneración al deber de transparencia fiscal, una entrega deficiente de información relevante al Congreso Nacional y un incumplimiento grave de los deberes propios de la conducción responsable de la hacienda pública. Aquí no estamos discutiendo simples diferencias académicas o técnicas. Estamos hablando de la confianza pública en las instituciones, de la credibilidad de las cifras fiscales de un país y del deber que tienen las autoridades de actuar con total honestidad y responsabilidad frente a Chile”, cerró Romero.
