Cada otoño ocurre lo mismo. Bajan las temperaturas, comienzan las alertas ambientales, aparecen las restricciones al uso de calefactores y volvemos a discutir sobre contaminación atmosférica en las ciudades del sur. El humo regresa y también la sensación de que enfrentamos una emergencia que conocemos demasiado bien.
Pero hay una pregunta que sigue pendiente: ¿estamos resolviendo el problema o simplemente administrándolo cada invierno?
Durante varios años hemos construido una discusión pública donde pareciera existir una respuesta simple: menos leña equivale automáticamente a menos contaminación. La realidad, sin embargo, es bastante más compleja.
Estamos frente a una infraestructura térmica insuficiente, pobreza energética que condena a familias a elegir entre calefaccionarse o cuidar el presupuesto mensual.
En el sur de Chile la calefacción no es un lujo. Es una necesidad básica. Cuando las temperaturas caen, miles de hogares dependen todavía de la biomasa para enfrentar el invierno. Pretender resolver aquello únicamente desde la prohibición o la restricción desconoce una realidad social que ocurre fuera de las oficinas técnicas.
Son miles viviendas que se calefaccionan de manera ineficiente, utilizando leña húmeda, y que además pierden ese poco calor de manera rápida. Esto es un caso de eficiencia energética pura y cuando hablamos de transición energética debemos pensar siempre en el sentido territorial.
Descontaminar significa realmente entender que la solución requiere más inteligencia y menos simplificación. Necesitamos avanzar en eficiencia energética de viviendas. En mejor aislación térmica. En fortalecimiento del mercado formal de biocombustibles sólidos. En educación energética. En calefacción más eficiente. Y también en acelerar una transición donde la leña seca y certificada tenga un rol distinto al que históricamente ha tenido.
Porque la biomasa utilizada correctamente puede ser parte de la solución y no únicamente del problema.
Hay cientos de productores de leña que han hecho esfuerzos importantes por formalizar procesos, mejorar estándares y avanzar hacia combustibles de mejor calidad. Existe innovación regional, trabajo técnico y una oportunidad económica relevante para territorios que necesitan desarrollo sostenible.
Sin embargo, muchas veces el debate público termina atrapado entre dos posiciones igualmente insuficientes: quienes creen que prohibir resolverá todo y quienes niegan la necesidad de cambiar.
Ninguna de las dos sirve.
La verdadera discusión es cómo construimos una política energética que permita descontaminar sin castigar a quienes viven el invierno más duro. Cómo avanzamos hacia ciudades más limpias sin profundizar desigualdades. Cómo modernizamos el uso de la energía sin perder identidad territorial.
También sería un error reducir esta discusión únicamente a una tensión entre descontaminación y calefacción. Chile avanzó en una herramienta importante con la Ley de Biocombustibles Sólidos, una normativa largamente esperada que reconoce algo fundamental: la biomasa no puede seguir operando en la informalidad ni bajo estándares insuficientes. La ley establece exigencias de calidad para la leña, el pellet y otros biocombustibles, fortalece la fiscalización, incorpora registros para productores y comercializadores, y reconoce la necesidad de apoyar técnicamente a pequeños y medianos productores para modernizar el sector. Sin embargo, el reglamento que permitirá aterrizar aspectos fundamentales de la norma sigue en una lenta tramitación en la Contraloría General de la República. ¿Estamos avanzando con la velocidad que exige la realidad del sur de Chile?
El sur no necesita menos energía, necesita mejor energía.
Necesita viviendas más eficientes. Biocombustibles de mejor calidad y menos informalidad. Regulación inteligente y oportuna. Más transición realmente justa.
Porque no se descontamina un territorio castigando a quien tiene frío. Y mientras no entendamos eso, cada invierno seguiremos peleando contra el humo, sin resolver lo que lo produce.
