Pese a las modificaciones impulsadas tras la crisis del Sename, el hacinamiento, la falta de cupos y el déficit en las condiciones del cuidado entregado son deficiencias estructurales.
Pese al rediseño institucional impulsado tras la crisis del Sename —que dio pie a la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada e introdujo una serie de modificaciones en el sistema— el cuidado alternativo residencial en Chile mantiene deficiencias que presentaba el modelo anterior. Y en varias dimensiones, presenta fallas aún más graves.
Este es el complejo diagnóstico al que llegó el estudio “Niñez vulnerada en Chile: la crisis del cuidado alternativo residencial”, elaborado por el centro de estudios IdeaPaís luego de casi dos años de investigación. La conclusión a la cual llegaron las investigadoras Francisca Figueroa y Catalina Karin es contundente: el Estado no solo ha fallado en restituir los derechos de los niños que han debido ser separados de sus familias por orden judicial, sino que además, los ha expuesto a nuevas formas de daño que profundizan su vulnerabilidad.
“Este estudio no solo confirma que el sistema de cuidado alternativo residencial está en crisis, lo que ya era conocido, sino que documenta su deterioro sistemático: en los indicadores centrales, la capacidad del Estado para proteger y reparar a los niños bajo su tutela ha empeorado desde la reforma institucional. Los compromisos adoptados en 2018 no se tradujeron en mejoras concretas y lo que el Estado prometió explícitamente, no se cumplió, y quienes pagan ese incumplimiento son los niños más gravemente vulnerados del país”, señala Emilia García, directora de Estudios de IdeaPaís.
Entre otras manifestaciones concretas de esta crisis, la publicación detectó que a marzo de 2025 la mitad de las 247 residencias del sistema funcionaba con sobrecupo. El hacinamiento es particularmente crítico en las residencias que funcionan bajo administración directa del Estado, donde la sobreocupación pasó de 7% a 50% en tres años. En abril del año pasado, 256 niños estaban en lista de espera para ingresar a una residencia y 2.226 para familias de acogida, a los que se suman aquellos que aguardan para tener un cupo en los programas de diagnóstico y ambulatorios en el sistema.
Los niños que reciben atención en el sistema, en tanto, están expuestos a condiciones que no garantizan su protección. Un número significativo está expuesto a infraestructura deteriorada, sin atención especializada y en entornos de violencia e inseguridad. Un 53% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en residencias presentaba problemas de salud mental, según datos de 2024. Situaciones graves, como la explotación sexual infantil, persisten.
Entre los nudos críticos que el estudio identifica tras este diagnóstico, se encuentra el déficit de cobertura generado al no reponer una cantidad equivalente de plazas tras el cierre de los CREAD; una institucionalidad estatal deficiente, que desde una lógica centralizada no logra permear a los niveles operativos en que se resuelven las necesidades de los niños, y un financiamiento insuficiente, marcado por un gasto promedio por NNA que apenas ha crecido en términos reales entre 2022 y 2025, mientras que los costos, de la mano de las nuevas exigencias, han aumentado.
La investigación fue presentada en la Universidad Finis Terrae el pasado jueves 28 de mayo. El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez; la profesora titular de Derecho UC y miembro de la Comisión Verdad y Niñez, Carmen Domínguez, y el director ejecutivo de la Fundación Colunga, Arturo Celedón, comentaron sus resultados.
El estudio completo está disponible en www.ideapais.cl
