Los parlamentarios solicitaron un pronunciamiento del organismo ante denuncias de trabajadores cuyas remuneraciones habrían sido retenidas en procedimientos de cobro impulsados por la Tesorería General de la República por deudas del Crédito con Aval del Estado.
El diputado Luis Cuello (PC), junto a las diputadas y diputados Gael Yeomans (FA), Patricio Pinilla (DC), Héctor Ulloa (IND), Nelson Venegas (PS), Juan Santana (PS) y Tamara Ramírez (PDG), recurrió a la Dirección del Trabajo mediante dos acciones complementarias: un oficio para solicitar un pronunciamiento y medidas de resguardo ante los embargos de remuneraciones asociados a cobros del Crédito con Aval del Estado (CAE), y una solicitud formal para que el organismo emita un dictamen que reafirme el principio de inembargabilidad de los sueldos.
La iniciativa surge tras conocerse diversos casos de personas que denunciaron la retención total de los fondos depositados en sus cuentas bancarias, incluyendo remuneraciones, en el marco de los procesos iniciados por la Tesorería General de la República para hacer efectiva la garantía estatal contemplada en la Ley N° 20.027.
En el oficio dirigido a la Dirección del Trabajo, los parlamentarios advierten que las remuneraciones cuentan con una protección especial en la legislación laboral chilena y que el Código del Trabajo establece límites claros respecto de los descuentos y embargos que pueden afectar los ingresos de los trabajadores.
Asimismo, sostienen que la realidad actual del mercado laboral implica que la gran mayoría de las remuneraciones son pagadas mediante transferencias electrónicas a cuentas bancarias, por lo que la eventual retención total de los fondos depositados podría afectar directamente recursos que la ley considera especialmente protegidos.
El requerimiento también plantea que la Tesorería General de la República estaría aplicando criterios propios de la cobranza tributaria a obligaciones derivadas de la garantía estatal del CAE, pese a que éstas tendrían una naturaleza jurídica distinta y estarían sujetas a las reglas generales de cobranza ejecutiva.
En paralelo, mediante una comunicación formal distinta al oficio, los parlamentarios solicitaron a la Dirección del Trabajo que emita un dictamen que reafirme el principio de inembargabilidad de las remuneraciones. En dicha presentación señalaron que, en aplicación del Principio Protector y del Principio de Primacía de la Realidad, y conforme a las funciones que la ley entrega a la institución, resulta necesario que el organismo se pronuncie expresamente respecto de la protección de los sueldos frente a los procedimientos de cobro que actualmente afectan a trabajadores deudores del CAE.
En esa línea, el diputado Luis Cuello cuestionó la falta de pronunciamiento de las autoridades laborales frente a los casos denunciados y sostuvo:
«Hay instituciones como la Dirección del Trabajo que ha mantenido un silencio absoluto, en circunstancias que por ley están obligados a velar por la aplicación y el respeto de las leyes laborales. Por eso hemos oficiado y hemos pedido un dictamen al director del Trabajo para que se pronuncie por cómo va a proteger, cómo va a cautelar que los sueldos, que son inembargables, hoy día están siendo embargados por una vía de facto, por una vía administrativa a través de la Tesorería. Entonces creo que es inaceptable e impresentable que esta Dirección del Trabajo guarde silencio».
Por su parte, el diputado Nelson Venegas advirtió que las medidas adoptadas por la Tesorería podrían vulnerar garantías fundamentales de los afectados y señaló:
«Los cobros que está realizando la Tesorería General son inconstitucionales. No es posible llevar a cabo este tipo de procedimientos. Bajo cualquier otro gobierno, esto hubiera sido tratado como una medida totalitaria, expropiatoria.
Lo que está haciendo, por lo tanto, vulnera el principio de legalidad por cuanto se excede de las facultades que estrictamente le están señaladas, pero, por sobre todo, al realizar embargos de esta naturaleza, está vulnerando las reglas del debido proceso, de la bilateralidad de la audiencia que permiten defenderse a aquel que está siendo jurídicamente ejecutado».
En ese contexto, los parlamentarios solicitaron a la Dirección del Trabajo informar qué medidas adoptará para resguardar el cumplimiento de las normas laborales vigentes y garantizar que se respete la protección legal de las remuneraciones de los trabajadores afectados por estos procedimientos.
