La diputada Constanza Schonhaut (FA) solicitó el retiro de la urgencia del proyecto y, en conjunto con Irací Hassler (PC) y Carolina Cucumides (PS), presentaron indicaciones para resguardar el derecho a reparar frente a proyecto de propiedad intelectual. Advierten que la regulación de «cerraduras digitales» podría limitar la reparación de tractores, dispositivos médicos y sistemas tecnológicos esenciales
Las diputadas Constanza Schonhaut (FA), Irací Hassler (PC) y Carolina Cucumides (PS) ingresaron un conjunto de indicaciones al proyecto de ley que regula las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP), con el objetivo de resguardar el derecho a reparar, fortalecer la ciberseguridad y evitar que la normativa termine restringiendo usos legítimos de tecnologías que forman parte de la vida cotidiana.
Las MTP, conocidas también como «cerraduras digitales», son mecanismos que controlan el acceso a programas computacionales, software, firmware y sistemas incorporados en equipos y dispositivos y aunque originalmente fueron concebidas para proteger principalmente obras, hoy están presentes en maquinaria agrícola, dispositivos médicos, vehículos, electrodomésticos e incluso infraestructura crítica.
Según las parlamentarias, la discusión no puede limitarse exclusivamente al combate de la piratería. «Cada vez más bienes incorporan software y sistemas digitales. Si no existen resguardos adecuados, las personas dejan de ser propietarias plenas de lo que compran y pasan a ser simples usuarias autorizadas por los fabricantes», advirtió Schonhaut.
El impacto práctico es visible en diversos ámbitos, porque, por ejemplo, un agricultor puede verse impedido de reparar o diagnosticar una falla en su maquinaria sin la autorización del fabricante, mientras que pacientes que utilizan marcapasos, bombas de insulina u otros dispositivos médicos dependen exclusivamente de los servicios autorizados para acceder a información o realizar ajustes técnicos. Los problemas generados por este tipo de legislación ya se están discutiendo en Estados Unidos y la Unión Europea.
Por su parte, Hassler afirmó que «no podemos permitir que una regulación pensada para proteger derechos termine favoreciendo monopolios tecnológicos que obliguen a las personas a depender exclusivamente de los fabricantes. Por eso presentamos un grupo de indicaciones, entre ellas, la exención de medidas técnicas de protección para la reparación, que es defender el bolsillo y la autonomía tecnológica de las familias y del país».
Las indicaciones presentadas buscan establecer una excepción expresa que permita eludir estas barreras digitales cuando ello sea necesario para diagnosticar, mantener, reparar o hacer interoperables bienes legítimamente adquiridos. La propuesta incorpora de manera específica a la maquinaria agrícola, industrial, de transporte y a dispositivos médicos implantables o de uso personal continuo.
Cucumídes fue enfática al señalar que «nuestro foco debe ser claro: no estamos aquí para castigar a quien utiliza la tecnología, sino para frenar a quien busca lucrar abusivamente con ella y quienes se organicen para ello, ese es el objetivo. Al mismo tiempo, debemos asegurar que los ciudadanos no queden atrapados como rehenes de sistemas de tecnología cerrados ni menos criminalizarlos por esto. Legislar con justicia social significa entender que, hoy, la propiedad intelectual debe proteger la innovación sin asfixiar la autonomía de nuestra gente ni la soberanía de nuestro país. Por esto es que presentamos indicaciones en este aspecto: la tecnología debe estar al servicio de la comunidad»
Las diputadas proponen eliminar la penalización de la mera elusión de una medida tecnológica de protección cuando no exista daño efectivo a los derechos de autor ni ánimo de lucro. En su reemplazo, proponen que se identifique la responsabilidad civil en proporción al daño que la falsificación o comercialización pueda generar a los titulares de los derechos.
Las indicaciones también contemplan excepciones para la investigación en ciberseguridad, la ingeniería inversa, la interoperabilidad de sistemas y la auditoría de infraestructura crítica, incluyendo redes de energía, agua, telecomunicaciones, transporte, salud y servicios financieros.
Otro de los puntos centrales es la creación de un mecanismo de revisión periódica que permita actualizar las excepciones cada tres años, evitando que la legislación quede obsoleta frente al acelerado avance tecnológico.
«Chile tiene la oportunidad de aprender de la experiencia internacional. Diversos países han debido corregir regulaciones excesivamente restrictivas para equilibrar la protección de los derechos de autor con la innovación, la competencia, la seguridad y los derechos de los consumidores», señaló Schonhaut.
Asimismo, la legisladora solicitó el retiro de la urgencia indicada por el Ejecutivo.
