El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer un nuevo informe que muestra cómo la ciudadanía está usando cada vez más la Ley de Transparencia para pedir información a sus municipalidades. Según el estudio, las solicitudes de acceso a información pública dirigidas a municipios pasaron de 2.440 al año en 2013 a 113.502 en 2024, el registro anual más alto del período analizado.
El informe, elaborado por la Unidad de Estudios y Relacionamiento Institucional del CPLT, busca encontrar relaciones entre la capacidad de los municipios para responder a solicitudes y publicar la información exigida por la Ley de Transparencia (transparencia activa); la demanda de las personas por información vía solicitudes; y el contexto local de estas, dado por su ruralidad, nivel de pobreza, grado de digitalización y participación electoral.
Se analizaron 779.181 solicitudes ingresadas entre 2013 y 2024, que fueron dirigidas a 336 municipalidades del país adscritas al Portal de Transparencia del Estado. La investigación revela que los municipios son una de las principales puertas de entrada para que las personas ejerzan su derecho a saber, ya que concentran más de un tercio de todas las solicitudes de información pública a nivel nacional en el período estudiado.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, señaló que “estos datos muestran que la ciudadanía está preguntando más que nunca a sus municipios. Las personas quieren saber cómo se gastan los recursos públicos, qué contratos existen, cómo se toman las decisiones locales y qué pasa con temas que afectan directamente su vida cotidiana, tales como permisos, beneficios o programas sociales”.
El estudio detecta una serie de paradojas. Constata, en primer lugar, que, aunque los municipios han mejorado fuertemente los niveles de publicación de información en sus sitios web —pasando de un cumplimiento en transparencia activa de 54% en 2013 a 78% en 2024—, las solicitudes siguieron aumentando. Para el CPLT, esto muestra que no basta con publicar más datos: la información debe ser clara, útil, fácil de encontrar y responder a las preguntas reales de las personas.
Al respecto, Natalia González agregó que “Estos resultados refuerzan la idea que hemos venido señalando: necesitamos una modernización de la Ley de Transparencia. Nuestra propuesta busca fortalecer la transparencia activa, avanzando hacia una publicación proactiva de información pública relevante, en formatos de datos abiertos y reutilizables. En definitiva, ganar en calidad del dato publicado y simplificar a las personas la búsqueda de información pública que hoy tiene que hacer”.
El informe muestra además que el uso de la Ley de Transparencia no se distribuye por igual en todos los territorios. En números absolutos, las municipalidades con más solicitudes entre 2013 y 2024 son principalmente grandes comunas de la Región Metropolitana o capitales regionales, como Antofagasta, Santiago, Las Condes, Maipú y Providencia, que son las que mayor cantidad de solicitudes han recibido. Sin embargo, cuando las cifras se ajustan por población en cantidad de solicitudes por cada 10.000 habitantes, el mapa cambia: comunas con baja población, muchas de ellas rurales o aisladas, aparecen con un uso mucho más intenso del derecho a saber, con casos como Río Verde, Timaukel, Ollagüe, Laguna Blanca, Lago Verde y Tortel, que se ubican en la parte superior del ranking.
El estudio identifica asimismo una correlación clara entre ruralidad y uso de la Ley de Transparencia: a mayor ruralidad, mayor tasa de solicitudes por cada 10.000 habitantes. También muestra que en comunas con menor digitalización tiende a registrarse un uso más intenso de solicitudes formales, lo que sugiere que, en territorios con menos herramientas digitales disponibles, la ciudadanía recurre más a este mecanismo para obtener información pública.
En materia de respuesta, el informe muestra que las municipalidades mantienen un desempeño general relativamente positivo. En 2024, entregaron respuesta en el 91,9% de las solicitudes, es decir, en 9 de cada 10 requerimientos ingresados. Además, la mediana de respuesta se mantuvo entre 17 y 19 días hábiles durante el período analizado, menor al plazo legal de 20 días (ampliable en 10 días en caso de prórroga). Sin embargo, el promedio en los tiempos de respuesta superó el referido plazo legal.
Adicionalmente, el estudio comprende un análisis de tópicos de las solicitudes recibidas por las municipalidades en el 2024, a fin de entender cuáles son las materias más requeridas por las personas. La indagación arroja que “obras/DOM (Dirección de Obras Municipales)” con el 22% y “permisos de circulación” con el 17%, predominan. Los siguen “participación ciudadana” con un 15%, y “contratos/recursos humanos” con cerca del 10%.
El Consejo señaló que estos hallazgos refuerzan la necesidad de modernizar la Ley de Transparencia, mejorar la calidad de la información publicada y avanzar hacia herramientas más simples y accesibles para la ciudadanía. La meta, enfatizaron, es que cualquier persona, sin importar la comuna donde viva, pueda ejercer efectivamente su derecho a saber.
