Hotuiti Teao y Marco Antonio Sulantay exigieron al ex secretario de Estado aclarar las graves irregularidades que se detectaron, entre ellas la contratación de personas con antecedentes.
Los diputados de la Bancada UDI que integran la comisión de Economía de la Cámara Baja, Hotuiti Teao y Marco Antonio Sulantay, solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que evalúe la presentación de una querella a raíz del lapidario informe que la Contraloría General de la República dio a conocer este miércoles, en el que reveló una serie de irregularidades cometidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante la realización del Censo 2024, entre ellas haber contratado a personas con diversos antecedentes penales y a extranjeros que tenían prohibido trabajar en el país.
En el detalle, el organismo detectó que un total de 16 personas con antecedentes por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas fueron contratadas como censistas, al igual que 14 extranjeros que estaban inhabilitados para trabajar en Chile, de los cuales cinco de ellos correspondían a ex residentes definitivos o temporales, mientras que uno incluso tenía una orden de expulsión vigente.
Pero además, lo que motivó a la Contraloría a derivar los antecedentes al Ministerio Público fue la identificación de 267 personas que, mientras prestaban servicios al INE para la ejecución del Censo, estaban simultáneamente contratadas en otras instituciones públicas. Asimismo, el organismo también reveló que una ex asesora participó como experta en la comisión evaluadora de una licitación por $1.700 millones, pese a ser representante legal de una de las empresas intervinientes.
Por estos motivos, además de los otros antecedentes que se dieron a conocer, los parlamentarios de la UDI decidieron poner el caso en conocimiento del CDE, solicitando que pueda iniciar todas las acciones que tenga a su alcance -incluida la presentación de una querella- con el fin de perseguir las responsabilidades que pudieran existir, además de buscar la restitución de los recursos involucrados.
«Resulta absolutamente inaceptable que en un proceso de esta envergadura se hayan vulnerado controles tan básicos, como los filtros que deben aplicarse al momento de seleccionar al personal, permitiendo el ingreso de personas con antecedentes penales e, incluso, extranjeros que no estaban habilitados para trabajar o que mantenían órdenes de expulsión vigentes. Ese nivel de improvisación y de negligencia es intolerable y, por lo mismo, exige que se persigan todas las responsabilidades penales y administrativas que pudieran existir», manifestaron los diputados Teao y Sulantay, quienes agregaron que «la existencia de funcionarios con doble contratación en el Estado y los posibles conflictos de interés en licitaciones ameritan no sólo que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva, sino también que el Consejo de Defensa del Estado evalúe la presentación de querellas».
Pero además, los integrantes de la Bancada UDI también apuntaron contra la gestión de Nicolás Grau, quien era precisamente el ministro de Economía cuando se realizó el Censo 2024 en el país.
«Aquí hubo decisiones que se tomaron en el gobierno anterior y que deben ser explicadas por las autoridades a cargo, como el ex ministro Grau, quien no puede desentenderse de lo ocurrido dado el rol que le correspondía en la ejecución del Censo 2024. No estamos ante errores administrativos menores, sino que frente a situaciones graves que pudieron haberse evitado con una adecuada supervisión. Por lo mismo, es indispensable que se asuman las responsabilidades que correspondan, porque lo que está en cuestionamiento es el uso de los recursos de todos los chilenos», recalcaron.
