El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recomendó a los jóvenes chilenos “tener cuidado de endeudarse para estudiar carreras donde a lo mejor hay menos futuro”. La declaración, enmarcada en la polémica por el cobro ejecutivo de deudas del CAE, merece una respuesta desde la academia, porque sus implicancias son más profundas que un consejo financiero.
El argumento del ministro descansa sobre una premisa no declarada pero evidente: el valor de una carrera se mide por su retorno salarial al egreso. Bajo esa lógica, disciplinas como la biología, la ecología, las ciencias básicas y las humanidades quedan automáticamente clasificadas como apuestas de riesgo. Es una confusión entre precio y valor que tiene consecuencias graves para el país.
La biología, específicamente, no es una carrera de nicho ni un lujo intelectual. Es la disciplina que sustenta la medicina, la agricultura, la gestión de recursos hídricos, la vigilancia epidemiológica y la conservación de los ecosistemas de los que depende toda actividad económica. Chile, un país altamente biodiverso con economías extractivas fuertemente expuestas al cambio climático, necesita biólogas y biólogos con urgencia. Los brotes de enfermedades emergentes, la crisis hídrica en el norte y centro del país, y la pérdida acelerada de biodiversidad, se resuelven con científicos formados para comprenderlos.
El problema estructural que el informe de la FNE documenta no es que haya demasiados biólogos o humanistas. Es que el Estado chileno financia con deuda a estudiantes que ingresan a programas de baja calidad en instituciones que no los forman adecuadamente, sin orientación vocacional y sin un mercado laboral que los absorba con dignidad salarial. Eso es una falla del sistema educativo y de la política pública, no de la disciplina ni de quienes la eligen.
Reducir el debate a qué carreras “tienen futuro” en términos de ingreso inicial es, además, científicamente débil. Los estudios sobre movilidad social y desarrollo económico a largo plazo muestran consistentemente que los países con mayor capacidad científica instalada, incluyendo en ciencias básicas y ciencias de la vida, son los que mejor navegan las disrupciones tecnológicas y ambientales.
Una política de educación superior seria debe reformar el financiamiento, exigir calidad institucional y construir mercados laborales que valoren el conocimiento científico. Lo que no debe hacer es decirle a un joven que su vocación no tiene futuro, porque esa es precisamente la clase de señal que empobrece a las naciones.
