La intención del Gobierno de avanzar en mecanismos de invariabilidad tributaria para grandes proyectos de inversión busca entregar certezas a inversionistas que enfrentan horizontes de recuperación extensos y que exigen estabilidad regulatoria para comprometer capital de largo plazo.
La premisa parece razonable. Chile acumula más de una década de crecimiento mediocre, productividad estancada e inversión insuficiente. Sin nuevos proyectos, particularmente en minería, energía e infraestructura, será difícil recuperar dinamismo económico y generar los recursos que el propio Estado necesita para financiar sus compromisos sociales.
Sin embargo, detrás de la promesa de atraer inversión existe una pregunta que el debate público ha evitado: ¿cuánto está dispuesto a sacrificar el Estado para comprar esa certeza?
La invariabilidad tributaria no es gratuita. Significa que determinados proyectos quedarán protegidos frente a futuras modificaciones impositivas, incluso si las condiciones económicas del país cambian radicalmente. En otras palabras, mientras los gobiernos futuros deberán responder a nuevas demandas de gasto, déficits fiscales o crisis económicas, parte de la base tributaria quedará blindada frente a cualquier ajuste.
El riesgo es evidente. Chile enfrenta un escenario fiscal cada vez más estrecho. El déficit estructural persiste, la deuda pública continúa aumentando y las presiones de gasto asociadas a pensiones, salud, seguridad y envejecimiento de la población serán crecientes durante las próximas décadas. En ese contexto, comprometer hoy espacios de recaudación futura constituye una decisión que merece mucho más escrutinio.
Los defensores de la medida sostienen que la mayor inversión compensará cualquier pérdida recaudatoria futura. La evidencia demuestra que no toda inversión genera los encadenamientos productivos, el empleo o la recaudación esperada. Si los beneficios proyectados no se materializan, el país podría terminar intercambiando flexibilidad fiscal por resultados económicos inferiores a los prometidos.
La estabilidad regulatoria es un activo valioso, pero no debe transformarse en una renuncia anticipada a la capacidad del Estado para adaptar su política tributaria a los desafíos del futuro. El verdadero debate no es cómo atraer inversión a cualquier costo, sino cómo hacerlo sin hipotecar la sostenibilidad fiscal de las próximas generaciones.
