La Comisión de Gobierno concluyó la votación de las indicaciones presentadas al proyecto que perfecciona las expulsiones. Cabe recordar que la instancia acordó que la medida no habilita para solicitar información sobre migrantes irregulares a establecimiento de salud, ni de educación escolar, ni información sobre menores de edad.
Tras una serie de sesiones, que incluyeron sendas audiencias, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, despachó en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa.
La instancia especializada, presidida por la senadora Danisa Astudillo, concordó una serie de acuerdos para avanzar en lo que denominó, “líneas rojas que no podíamos cruzar como país”, aludiendo a la indicación que presentó el Ejecutivo en un primer momento, que habilitaba la solicitud de información sobre migrantes irregulares en centros de salud y educacionales.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, declaró que lo que se buscaba era “acceder a información de distintos órganos del Estado o particulares, para contactar, notificar y materializar notificaciones de expulsión”.
Sin embargo, agregó, se recogieron las aprensiones, con lo que se resguardan las excepciones “para resguardar la preocupación de una eventual disuasión de acercarse a la atención de salud (pública o privada) y de instituciones de educación parvularia, básica y media”, y se resguardan los datos de niñas, niños y adolescentes.
Transversalmente se valoró el acuerdo que incluye, además, una serie de adecuaciones y precisiones para una correcta aplicación e interpretación de la ley.
Con todo, cabe hacer presente que la senadora Loreto Carvajal dejó constancia de algunas dudas sobre en qué etapa del proceso de expulsión se consideraba la solicitud de información de datos, por lo que se abstuvo en algunas votaciones.
“ÁNIMO DE CONFIANZA”
Tras el despacho a Sala, la presidenta de la Comisión senadora Astudillo comentó que “la verdad es que estamos contentos, porque en un inicio pensábamos que no íbamos a ser escuchados. El gobierno estaba en una postura bastante más cerrada, pero con argumentos, con la exposición de varios especialistas en la materia, creo que logramos ser escuchados para sacar una redacción que para nosotros era una línea roja”.
“Accedimos a apoyar este proyecto -agregó- porque también nos interesa acelerar las expulsiones de personas que hayan cometido algún delito, alguna infracción grave en nuestro país y, por lo tanto, cumplimos en el compromiso que hicimos de despachar rápidamente esta ley”.
“Creo que ha sido importante construir un ánimo de confianza entre los distintos sectores, pese a que en algunos temas tenemos posiciones bastante antagónicas. El trabajo desarrollado en esta comisión demuestra que cuando hay voluntad se puede llegar a un acuerdo, despachar una ley rápido que es importante para el país y, sobre todo, dejar establecido un clima de confianza porque el gobierno se allanó también a escuchar otras propuestas para el futuro”.
