La batalla judicial entre la Empresa Constructora San Sebastián y el Ministerio de Vivienda, por la demolición de 170 viviendas del barrio viñamarino de El Olivar, en el contexto del proceso de reconstrucción post mega incendio 2024, anota un nuevo capítulo con medidas concretas y múltiples interpretaciones-
Fue así como el 2° Juzgado Civil de Valparaíso resolvió acoger la solicitud de la empresa en cuanto a decretar como medida prejudicial probatoria «el informe de una perito ingeniero o constructor civil, respecto de los puntos señalados en la presentación», cuyo objetivo de fondo es evitar la demolición de las viviendas, tal como lo ha instruido el MINVU, particularmente el ministro de la cartera Iván Poduje.
Una medida polémica que ha generado miradas encontradas en el proceso de reconstrucción ejecutado por el anterior gobierno, debido a la calidad de las casas, que ha sido cuestionada públicamente por el actual titular de la cartera de Vivienda y Urbanismo.
Y para que se ejecute esta medida, se citó a una audiencia de designación de perito ingeniero o constructor civil, lo que podría materializarse la próxima semana, según indica el fallo de Luis Fernando García Díaz, juez titular del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso.
El dictamen atiende la solicitud formulada por el abogado Jaime Barrientos, representante legal de la firma constructora con domicilio en Reñaca. «Habiéndose solicitado un informe pericial, respecto del cual se peticiona un reconocimiento y dictamen sobre múltiples aspectos técnicos, se logra cumplir con el propósito de la diligencia probatoria. En ese contexto, la inspección personal del tribunal se limitaría a meras observaciones estéticas que, atendidos los basamentos expresados por la solicitante, no cumplirían el objetivo planteado… lográndose el propósito de la medida prejudicial con la prueba pericial y tornando innecesaria la inspección del tribunal para el objetivo propuesto, se procederá a acoger parcialmente la medida del modo que se dirá en lo resolutivo», sostiene el documento judicial.
«La audiencia deberá realizarse en dependencias del tribunal con la participación presencial de las partes», sostiene el texto.
Barrientos destacó que la medida es «extremadamente relevante» ya que el Ministro Poduje no puede continuar con las demoliciones, «que es contrario a derechos y que escapa a sus potestades como ministro», agregó.
El abogado destacó que el proyecto aplicado por la constructora San Sebastián se apegó fielmente a lo indicado por el Serviu local, ya que la edificación de las viviendas ´respondió a lo aprobado por el organismo de vivienda, «lo que quedará probado en las pericias imparciales», mencionó.
A través de una declaración pública, el Ministerio de Vivienda replicó indicando que «desconocemos la información expuesta por el abogado de la constructora San Sebastián Limitada, de la cual no hemos sido notificados y contra en marzo el Minvu interpuso acciones judiciales por los delitos de estafa; uso malicioso de certificaciones; coacción; amenazas; fraude al fisco; cuasidelito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural; tráfico de influencias y obtención fraudulenta de prestaciones estatales».
Agrega el Minvu que «en el documento que fue enviado a distintos medios de comunicación, dicha resolución solo señala que se resolvió como medida prejudicial probatoria solicitar el informe de un perito, ingeniero o constructor civil. El texto deja en evidencia que no se ha paralizado el proceso de demolición».
«Es importante destacar que en los recursos de protección interpuestos por la constructora San Sebastián y por la EP Social Arquitectura, la Corte de Apelaciones de Valparaíso no acogió la orden de no innovar solicitada respecto a la suspensión del Ordinario Nº 245, de 24 de marzo de 2026, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la paralización de cualquier orden de demolición relativa a dichas obras», agregan.
Finalmente reiteraron que los informes de DITEC del Minvu y IDIEM de la Universidad de Chile, confirman técnicamente «la gravedad de las fallas estructurales de las viviendas construidas para los damnificados de los incendios que afectaron a El Olivar en Viña del Mar el año 2024, siendo deber del Estado resguardar la seguridad e integridad de las familias».
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