El proyecto de ley de sala cuna impulsado por el Gobierno constituye un avance relevante. Corrige una distorsión histórica que asoció el costo de este beneficio exclusivamente a la contratación de mujeres, generando incentivos que afectaban su acceso al empleo formal.
La iniciativa tiene además otro mérito poco destacado: permite cerrar la discusión en torno al bono compensatorio de sala cuna. Lo que surgió como una excepción terminó convirtiéndose en una práctica extendida, marcada por criterios dispares e incertidumbre jurídica.
Avanzar hacia un sistema universal y claro es una buena noticia. Sin embargo, queda una discusión pendiente. El diseño propuesto considera financiamiento estatal y aportes de los trabajadores, pero excluye una contribución directa de los empleadores.
Puede ser una decisión razonable dado el complejo escenario económico. No obstante, resulta difícil sostener que esa deba ser la solución permanente. La sala cuna beneficia a las familias, pero también a las empresas, al facilitar la participación laboral, la retención de talento y la productividad.
Las políticas más exitosas distribuyen adecuadamente derechos y responsabilidades. Este proyecto lo evita. Esperemos que el Congreso enriquezca la discusión.
