Acceder a la educación superior ya no garantiza, como antes, una inserción laboral estable. En Chile, con un desempleo cercano al 9% —el más alto en cinco años—, muchas familias comienzan a cuestionar si el esfuerzo económico y personal que implica estudiar realmente se traduce en mejores oportunidades de vida.
Durante décadas, obtener un título profesional fue sinónimo de movilidad social. Representaba no solo un logro individual, sino también un orgullo familiar y una promesa de estabilidad. Sin embargo, esa promesa hoy se ve tensionada. Las cifras no solo reflejan un aumento en el desempleo, sino también una persistente desigualdad: mientras la tasa en hombres alcanza el 8%, en mujeres llega al 10,5%, evidenciando que los avances en equidad laboral aún son insuficientes.
El problema no es solo la falta de empleo, sino también la calidad de las oportunidades disponibles. Muchos jóvenes recién titulados enfrentan un mercado laboral que no logra absorberlos en las áreas para las que se prepararon. Ante la falta de opciones, terminan aceptando trabajos alejados de su formación, lo que genera frustración, desmotivación y una creciente sensación de incertidumbre respecto del futuro.
A esto se suma un fenómeno cada vez más frecuente: cuando el desempleo afecta a más de un integrante del hogar, las familias se ven obligadas a reinventarse. Algunos optan por emprender, invirtiendo sus finiquitos en pequeños negocios. En ciertos casos, estas iniciativas prosperan; en otros, fracasan, profundizando la inestabilidad económica y emocional, y perpetuando un círculo difícil de romper.
El mercado laboral, por su parte, continúa transformándose a gran velocidad. Sectores como la minería, la tecnología y la informática demandan nuevos perfiles, lo que podría interpretarse como una oportunidad. Sin embargo, incluso en estas áreas, la promesa de empleabilidad no está asegurada. El desafío, entonces, no es solo formar profesionales en función de la demanda, sino construir trayectorias laborales sostenibles en el tiempo.
En paralelo, persiste una realidad estructural: no todas las personas pueden acceder a la educación superior. Frente a ello, muchas recurren al empleo informal como única alternativa para generar ingresos. Si bien esta opción permite subsistir, también expone a mayores niveles de vulnerabilidad y precariedad, debilitando el bienestar de las familias.
Así, el trabajo —que idealmente debería ser una fuente de desarrollo personal y satisfacción— corre el riesgo de transformarse nuevamente en una obligación impuesta por la necesidad. La dependencia laboral, sumada al temor constante de perder el empleo, instala una sensación de inestabilidad que afecta no solo a quienes están desempleados, sino también a quienes temen estarlo.
Frente a este escenario, se vuelve urgente avanzar en soluciones articuladas. Es fundamental caracterizar a las personas desempleadas y fortalecer programas que desarrollen habilidades pertinentes para su reinserción laboral. Asimismo, las instituciones formadoras deben asumir un rol más activo, no solo en la entrega de conocimientos, sino también en la generación de empleabilidad efectiva.
Esto exige un diálogo real y sostenido entre el mundo público y privado, capaz de alinear necesidades productivas con procesos formativos. Solo así será posible construir un mercado laboral más inclusivo, dinámico y conectado con la diversidad territorial del país.
El desafío no es menor: se trata de recuperar la confianza en que el esfuerzo, la educación y el trabajo pueden, efectivamente, abrir oportunidades. Sin esa conexión, el riesgo es seguir formando generaciones para un mercado que no logra integrarlas.
