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Rubén Oyarzo por informe de Contraloría sobre niños haitianos: “Migraciones actuó fuera del marco legal”

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El exdiputado Rubén Oyarzo (Partido Radical) reaccionó al informe final de la Contraloría General de la República sobre el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo procesos de reunificación familiar, luego de que el organismo detectara incumplimientos del Servicio Nacional de Migraciones y fallas de coordinación entre instituciones del Estado.

El informe de Contraloría señala que la investigación consideró antecedentes entregados por el entonces diputado Oyarzo en octubre de 2025, relativos a un vuelo chárter proveniente desde Haití que arribó al aeropuerto Arturo Merino Benítez con niños de esa nacionalidad.

Tras conocerse las conclusiones, Oyarzo afirmó “en octubre presentamos esta denuncia porque detectamos hechos graves que debían investigarse. Hoy la Contraloría confirmó que el Servicio Nacional de Migraciones actuó fuera del marco legal, validando exactamente lo que advertimos hace meses”.

El documento de Contraloría concluyó que el SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez “no han actuado coordinadamente” frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití. Además, advirtió “diversos incumplimientos” de Migraciones en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar.

Entre las observaciones del informe figuran ausencia de informes policiales, certificados de antecedentes vencidos, certificados de nacimiento no legalizados, pasaportes sin la vigencia exigida y falta de documentos para acreditar vínculos familiares.

Oyarzo también apuntó a la investigación penal abierta por el caso, señalando que “esto no termina aquí, porque además existen antecedentes que hoy están siendo investigados por Fiscalía ante eventuales delitos”.

Finalmente, el exdiputado enfatizó que el caso exige un estándar reforzado por tratarse de menores de edad, afirmando que “en Chile ninguna institución pública puede estar por sobre la ley. Cuando hay niños involucrados, el Estado tiene la obligación de actuar con el máximo estándar de legalidad y protección”.

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