Alineados al compromiso asumido por el cuidado prioritario de los niños, niñas y adolescentes de todo el país, equipos de fiscalizadores de la Contraloría General de la República (CGR) se desplegaron de forma inédita en todas las regiones para revisar las residencias del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia.
El objetivo de esta fiscalización nacional es revisar el proceso de transferencia de recursos hacia los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) y la supervisión que el servicio especializado efectuó en las residencias de acogida en 2025. Asimismo, se verificará que las condiciones en las que habitan los menores concuerden con lo establecido en la normativa vigente.
El propósito final es velar por la protección de las niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos; verificar la capacidad de atención en residencias OCAs o de administración directa; y comprobar si el Servicio Mejor Niñez monitorea los casos de atención sujetos a las residencias.
Presentación en el Congreso con foco en la niñez
La Contralora General, Dorothy Pérez, fue una de las invitadas a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, este miércoles 24 de junio para presentar el Informe Final N°541 de 2025 sobre el Programa de Reunificación Familiar. En la ocasión, detalló los principales hallazgos del documento, entre los que se encuentra un desorden mayor y bajo nivel de coordinación en las instituciones a cargo de la Reunificación Familiar, por lo que se instruyeron sumarios en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y en la Subsecretaría de la Niñez.
Durante su intervención la Contralora enfatizó, además, que el cuidado y fiscalización de la infancia será uno de los principales objetivos de la CGR para este 2026, razón por la cual se ordenó el inicio de este inédito despliegue a nivel nacional. “Estamos constituidos en todas las regiones del país fiscalizando la situación de los menores y si se les está dando la protección que las normas y la Constitución mandatan en el Servicio Mejor Niñez”, señaló.
Dorothy Pérez explicó que esto se da en el contexto de que “hemos recibido 137 oficios de los Tribunales de Justicia que están relacionados al ingreso de NNA a residencias especializadas y cuatro denuncias particulares sobre condiciones de seguridad, fallecimiento de menores en una residencia, así como respecto a la revisión de transferencias y recursos a alguna corporación”. “El objetivo es velar por el cumplimiento de las normas de las instituciones públicas que tienen roles mandatados en esta materia”, concluyó.
