El ministro de Hacienda explicó que la iniciativa no implic nuevo gasto, sino que permite ordenar el financiamiento del año y dar cumplimiento a obligaciones ya contraídas por el Estado.
La Sala del Senado aprobó este martes el proyecto de ley que autoriza al Fisco a contraer obligaciones por hasta US$6.200 millones durante el ejercicio 2026. Con esta votación, la iniciativa presentada por el Ejecutivo queda despachada por el Congreso Nacional para su promulgación como ley.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que “es una señal de responsabilidad el poder financiar un presupuesto que se aprobó el año pasado, que estaba con financiamiento incompleto y que se termina de financiar con esta ley”.
Asimismo, se refirió al carácter de orden y responsabilidad fiscal de la medida: «Esta es una decisión concreta sobre cómo el Estado de Chile enfrenta responsablemente una situación fiscal distinta a la prevista cuando se aprobó la Ley de Presupuestos para 2026», resaltó.
La autorización es adicional e independiente de la contemplada en la Ley de Presupuestos 2026 y se suma a ella con el propósito de adecuar el financiamiento del año a las necesidades efectivas identificadas tras la actualización del escenario fiscal presentada en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026. Ese informe dio cuenta de un escenario fiscal más estrecho que el previsto al momento de elaborarse la Ley de Presupuestos durante 2025.
La revisión mostró que los ingresos considerados en aquella formulación habían quedado por sobre su comportamiento efectivo, mientras que diversas obligaciones de gasto no habían sido plenamente reconocidas, lo que llevó a ajustar al alza la estimación de déficit del ejercicio respecto de la contemplada en el presupuesto aprobado el año anterior.
A partir de ese diagnóstico, el Ejecutivo estimó una necesidad de financiamiento cercana a los US$4.700 millones, considerando además el efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda. A ese monto se agrega un componente adicional de US$ 1.500 millones, destinado a capital de trabajo y a reducir la deuda flotante, lo que permite regularizar obligaciones de pago del Estado, entre ellas las correspondientes a proveedores, muchos de ellos pequeñas y medianas empresas.
El ministro enmarcó la medida dentro de una estrategia fiscal más amplia: «Este proyecto no es una medida aislada, sino una pieza que integra una estrategia fiscal coherente, que combina la responsabilidad en la gestión de las cuentas públicas con la visión de largo plazo de recuperar la solidez del Estado».
En esa línea, detalló que el Gobierno ha impulsado una estrategia integral de consolidación fiscal basada en cuatro pilares: «Primero, recuperar el crecimiento económico, porque no habrá consolidación fiscal sostenible sin crecimiento, inversión y más y mejor empleo. Segundo, racionalizar el gasto público, mediante acciones correctivas orientadas a contener el gasto, mejorar su eficiencia y fortalecer la disciplina fiscal. Tercero, modernizar la gestión patrimonial del Estado, especialmente sobre empresas, fortaleciendo su tenacidad financiera e incrementando su apoyo al desarrollo del país. En cuarto lugar, avanzar hacia una gestión integral del balance fiscal, administrando activamente sus activos, pasivos y la liquidez del Estado», subrayó.
Finalmente, el ministro reiteró el compromiso del Gobierno con la disciplina y la responsabilidad fiscal a lo largo de la administración: «La responsabilidad fiscal consiste en cumplir con los compromisos del Estado, proteger la confianza en nuestro país y generar las condiciones para que nuestra economía vuelva a crecer de manera sostenible», recalcó.
