La discusión legislativa sobre cómo sancionar a los menores que delinquen vuelve a encender los ánimos en el Congreso. Mientras la oposición evalúa frenar la iniciativa del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional, expertas y parlamentarias coinciden en que el foco debe estar en la reinserción para frenar la reincidencia.
La agenda de seguridad pública continúa tensionando las relaciones políticas en el Congreso, esta vez con el debate sobre la reforma a la Responsabilidad Penal Adolescente en el centro de la polémica. La discusión ha tomado una temperatura crítica tras las advertencias de sectores de la oposición de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para frenar ciertos aspectos de la iniciativa del Gobierno, un movimiento que ha levantado inmediatas alertas tanto en el oficialismo como en el análisis técnico.
Para la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, esta estrategia de utilizar al TC como un árbitro de última instancia no es nueva, aunque cuestiona el cambio de postura de quienes hoy lideran esa ofensiva. «No es novedad para nadie que hoy día están utilizando a tajo y destajo el Tribunal Constitucional como una tercera cámara. Ellos mismos lo criticaron durante tanto tiempo diciendo que no, que era algo heredado de la dictadura de Pinochet (…) Y hoy día como el Tribunal está a su favor lo usan», señala Rodríguez, añadiendo que, si bien «están en su legítimo derecho, ojalá que el Tribunal no se utilice para hacer puntos políticos», dijo la parlamentaria en el programa Punto de Encuentro, de Bio Bio TV.
Desde la academia, Pamela Cisternas, abogada experta en Derecho Penal y docente de la Universidad del Alba, coincidió, en el mismo programa, que judicializar la política en el TC no es el camino óptimo para un tema de tanta sensibilidad social.
«Creo que existe en este país el Congreso y en el Congreso se discuten las leyes. No creo que el Tribunal Constitucional esté para determinar todo tipo de iniciativas (…) Somos suficientemente adultos para determinar cuándo una norma agrega o no las garantías constitucionales», afirma Cisternas, instando a los parlamentarios a alcanzar consensos en lugar de delegar la resolución en el tribunal.
El dilema de fondo: ¿Sirve rebajar la edad de castigo?
Más allá de la pugna institucional por el TC, el debate de fondo radica en la efectividad de endurecer las penas o rebajar la edad de imputabilidad frente a la crisis de seguridad. Ante la presión ciudadana y el eco de las encuestas —donde, según Cisternas, «lo único que querían era que todo el mundo permaneciera privado de libertad»—, los especialistas advierten sobre los riesgos de legislar al calor de la contingencia.
«Los expertos señalan que rebajar la edad no necesariamente va a implicar rebajar la comisión de delito ni la reincidencia», advierte la académica de la U. del Alba. Para Cisternas, reaccionar con reformas exprés ante hechos desastrosos es un terreno peligroso: «Al día de mañana vamos a pedir que sea de 12, de 11 (…) Creo que las personas que cometen un delito requieren un castigo, pero ese castigo es por el delito cometido y no implica que no pueda reinsertarse socialmente».
Esta mirada es compartida parcialmente por la diputada Rodríguez, quien pone el énfasis en que los adolescentes actuales no pueden ser eximidos de las consecuencias de sus actos, pero subraya que el encierro por sí solo es insuficiente. «Tenemos que castigar a quien comete un delito, y en este caso son jóvenes que no son niños (…) ya tienen 14, 15, 16, 17 años, donde pueden discernir», argumenta la parlamentaria republicana, proponiendo un cambio de eje hacia las «responsabilidades ciudadanas».
Sin embargo, Rodríguez coincide con el diagnóstico técnico respecto al fracaso del sistema carcelario tradicional si no va acompañado de un giro radical: «No sirve de nada que dejemos preso un tiempo determinado a un joven, que después termine siendo adulto y que sale a la vida y no encuentre otra salida más que seguir delinquiendo. Acá se requiere un apoyo integral en educación, en apoyo psicológico y sobre todo herramientas laborales».
En momentos en que las cifras de delincuencia juvenil y la sofisticación de los delitos cometidos por menores presionan la agenda pública, el desafío del Legislativo parece ser doble: destrabar el nudo político para evitar que la ley termine bloqueada en el TC y, al mismo tiempo, diseñar un sistema que combine la sanción efectiva con una reinserción real, la única fórmula que, según la academia y los parlamentarios, garantiza bajar la reincidencia a largo plazo.
