· El estudio detectó inconsistencias a lo largo del tiempo en el análisis comparativo de metodologías en la estimación de los costos y del impacto social de apagones eléctricos masivos, episodios cada más frecuentes en el contexto de una mayor demanda energética y eventos extremos de la naturaleza por el cambio climático. El profesor Rodrigo Moreno, PhD. y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, lideró el estudio.
Con el objetivo de generar evidencia sobre los costos económicos y sociales asociados a interrupciones eléctricas de gran escala como fue el apagón masivo de 2025, y contribuir a la discusión sobre resiliencia del sistema eléctrico en nuestro país; Enel Foundation, el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y el académico Rodrigo Moreno de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, presentaron los resultados del estudio «Estimación del impacto del blackout en Chile».
En un escenario nacional de creciente demanda energética y mayor frecuencia de eventos extremos de la naturaleza, los investigadores se plantearon la interrogante: ¿la planificación y la regulación eléctrica en Chile está considerando la inversión en resiliencia del sistema eléctrico?.
Gianluca Palumbo, Gerente General Enel Chile, destacó que los efectos del cambio climático no son una preocupación solo de la distribuidora, sino un problema en el que todo el sector debe cooperar. «La razón por la cual hemos trabajado en este estudio se refiere a los impactos para la sociedad. (…) solo cooperando y demostrando cuáles son los efectos y cómo podemos cambiar los mecanismos regulatorios, podremos acompañar la transición energética como sociedad chilena».
Rememorando el episodio de 2025, Claudio Seebach, Decano de la Facultad Ingeniería y Ciencias UAI, señaló: » es necesario expandir la ciencia y la investigación de un sistema complejo de ingeniería como este. Requiere más que solamente buscar responsabilidades en el sistema, también exige espacios de colaboración, y qué mejor que hacerlo a través de la academia para encontrar las soluciones que además permitan recuperar o mantener la confianza en una transición energética chilena, que es realmente ejemplar».
Si bien se han estudiado apagones masivos o blackouts en diversos países, este estudio es inédito para Chile y más allá de medir los costos económicos que implicó el corte eléctrico, también permite reflexionar sobre los aprendizajes en cuanto al impacto en servicios como infraestructura, conectividad y transporte, y la afectación de diversas industrias y la sociedad.
En la ocasión, Juan Carlos Jobbet, Ex Ministro de Energía y actual director del Centro de Soluciones Empresariales para el Desarrollo de la Universidad Adolfo Ibáñez, añadió: «Este estudio es importante porque pone la seguridad en el tapete de la discusión y porque nos ayuda a prevenir escenarios que erosionen la confianza de los actores en el sistema eléctrico, que es uno de los pilares esenciales para poder avanzar en la electrificación y en la lucha contra el cambio climático».
Por su parte, Giulia Genuardi, Directora Enel Foundation, valoró la oportunidad de actuar como un puente entre la academia, la industria y la sociedad civil. «Este estudio es muy importante porque nos ayuda a comprender que no existe una sola metodología para analizar todos los aspectos asociados al impacto relativo a la energía. Debemos integrar varias metodologías para comprender los impactos económicos, industriales y sociales».
Los apagones eléctricos generan costos económicos significativos para la sociedad, principalmente por la pérdida de productividad industrial. El estudio busca estimar el valor de la energía no suministrada (Value of Lost Load, VOLL) en Chile, conocido como costo de falla unitario, y aplicar estos resultados al evento de blackout del 25 de febrero de 2025.
El análisis se centra en los costos monetarios directos incorporando además la valorización de pérdida para los hogares. El estudio involucró la revisión de múltiples metodologías para estimar el costo de falla, clasificadas en directas (encuestas) e indirectas (modelos matemáticos). A la fecha, no existe consenso internacional sobre la mejor metodología para cada sector, y la elección suele depender del contexto y justificaciones particulares de cada país.
El autor del estudio, doctor en ingeniería Rodrigo Moreno, académico de Facultad Ingeniería y Ciencias UAI y de la Escuela de Negocios UAI, destacó la importancia de manejar metodologías e información interoperable, y precisó: «En el largo plazo, la infraestructura, evidentemente se calcula mediante los costos de falla que determina el estudio de la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, es muy importante tener un valor calculado, sólido, robusto, justificado, y que ese valor no sufra muchas variaciones en el tiempo, porque precisamente son una señal para poder entregar infraestructura en el largo plazo».
En su opinión, el análisis del valor de la energía no suministrada suele centrarse en cifras económicas, pero el debate relevante es estratégico: se trata de cuánto valor aporta a la sociedad un sistema eléctrico resiliente capaz de evitar interrupciones masivas.
En un análisis de pares sobre el estudio, Mauricio Funes, Secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), agregó que: » el costo falla permite incorporar el valor de la continuidad del suministro dentro de los análisis costo/beneficio que sustentan muchas de las decisiones regulatorias que adoptamos. Asimismo, este estudio muestra cómo las decisiones metodológicas pueden influir significativamente en los resultados obtenidos, y, por lo mismo, destaca la importancia de contar con metodologías transparentes, consistentes y comparables en el tiempo».
Por su lado, Mirko Armiento, Senior Researcher Enel Foundation, precisó que si bien el apagón de febrero de 2025, evidenció la magnitud de los costos asociados (estimados entre 800 millones y 1.000 millones de dólares) y la necesidad de soluciones duraderas; «(…) más allá de la cifra exacta, el mensaje es que la resiliencia tiene un valor, no solo económico, también social y estratégico. (…) La experiencia internacional ha demostrado que los apagones generan consecuencias que van mucho más allá de la energía interrumpida, dado que los consumidores modifican su comportamiento, las empresas ajustan decisiones de inversiones, y las políticas públicas evolucionan para responder a nuevas existencias de seguridad».
Al cierre de la actividad, los participantes concluyeron que la resiliencia de un sistema eléctrico no se mide únicamente por su capacidad para responder cuando una contingencia ocurre. Se mide también, y quizás más que nunca, por nuestra capacidad para aprender de ella, para mejorar nuestros modelos, para perfeccionar nuestras metodologías y para incorporar ese aprendizaje en mejoras decisiones regulatorias.