La moción amplía el alcance de la Ley Naín Retamal incluyendo en la presunción de legítima defensa privilegiada a las y los funcionarios policiales y de las FF.AA. que repelan o impidan una agresión mientras se encuentren de franco.
La moción busca ampliar el alcance de la Ley 21.560, conocida como Naín Retamal. En ella se establece una presunción de legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales, de Gendarmería y de las Fuerzas Armadas cuando cumplen labores de orden público y seguridad pública interior. Sin embargo, la redacción vigente deja fuera de esta protección a quienes intervienen para repeler una agresión encontrándose fuera de servicio.
Por esto, el proyecto establece que esta presunción de legítima defensa privilegiada también se aplicará a las y los funcionarios de las FF.AA. o de Orden y Seguridad Pública que, en calidad de franco, repelan o impidan una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida, o las de un tercero. Además, establece que dicha actuación puede realizarse mediante el empleo de armas o cualquier otro medio de defensa.
Debate legítima defensa privilegiada
Las intervenciones favorables al proyecto destacaron que la iniciativa busca entregar mayor protección jurídica a funcionarios de las FF.AA. y de Orden y Seguridad que actúan para defender su vida o la de terceros mientras se encuentran de franco. En esa línea, se sostuvo que el texto corrige una situación injusta al reconocer una realidad que enfrentan frecuentemente policías y militares fuera de servicio. Incluso algunos diputados calificaron la propuesta como un “escudo judicial” para quienes intervienen en defensa propia o de otras personas.
Por el contrario, los reparos fueron a la ampliación de esta figura sin incorporar mayores mecanismos de control o fiscalización. En ese contexto, los legisaldores en contra advirtieron que la propuesta podría generar espacios de impunidad. Por otro lado, señalaron que estas materias ya se encuentran en discusión dentro del debate del proyecto de reglas del uso de la fuerza y que sería problemático extender esta presunción a miembros de las FF.AA., atendido que su función principal no corresponde a labores de seguridad pública.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, planteó que un carabinero no deja de ser carabinero cuando termina su turno, pues el deber y el riesgo continúan existiendo fuera del servicio activo. Por ello, argumentó que no resulta razonable que exista protección jurídica durante el turno y desamparo una vez concluido este. Afirmó que el proyecto busca evitar que el Estado abandone a quienes cumplen con su deber de proteger a la ciudadanía.
El diputado Enrique Bassaletti presentó el informe del proyecto en la Sala. Además, intervinieron en el debate las y los diputados Andrés Celis, Ana María Gazmuri, Javier Olivares, Macarena Santelices, Felipe Camaño, Daniel Lilayu, Gonzalo Winter, Germán Verdugo, Roberto Arroyo, Luis Pardo, Cristian Neira, Bernardo Salinas, Hotuiti Teao, Chiara Barchiesi, Patricio Pinilla, Tomás Kast, Eileen Urqueta, Ricardo Neumann, Tatiana Urrutia, Mauro González, Marcos Ilabaca, Jaime Coloma, José Montalva, Raúl Leiva, Eduardo Cretton, Ximena Ossandón, Marcos Barraza, Benjamín Lorca, Agustín Romero, Héctor Barría, Francisco Orrego, Lorena Pizarro, Carlos Cuadrado, René Manuel García, Diego Vergara, Sebastián Zamora, Nathalie Castillo, Jorge Díaz, Sergio Bobadilla, Daniela Serrano, Juan Carlos Beltrán y Guillermo Ramírez.
